¿Ahora sí habrá Ley General de Aguas?
El 16 de noviembre, la coordinadora nacional Agua para Todos y la Universidad Autónoma Metropolitana presentaron su Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado de la Ley General de Aguas en el foro La Gestión del Agua en el Siglo XXI Vista desde México en la capital de la República, con presencia del relator de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, fruto de un trabajo colectivo ciudadano de nueve años en respeto de 12 consensos por el agua. Y desde el reciente octubre existen gestiones en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión para impulsar la Ley General de Aguas mandatada por la reforma constitucional del 8 de febrero del 2012.
La Ley de Aguas Nacionales de 1992, al poner las aguas del país en manos del mercado, resultó en dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento, despojo, privatización, contaminación, corrupción y vulnerabilidad a sequías e inundaciones.
La reforma constitucional del 8 de febrero de 2012 exige la aprobación de una Ley General de Aguas basada en los principios de sustentabilidad, equidad, participación y derechos humanos.
La propuesta presentada recoge las iniciativas consensuadas en cientos de foros ciudadanos y legisladores durante nueve años, entre diciembre de 2012 y marzo de 2021, que merecen ser dictaminados y votados.
Todavía en la pasada legislatura, Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados solicitó y obtuvo la asesoría del Programa Nacional Estratégico "Conocimientos y Gestión en Cuencas del ciclo socio-natural para el bien común y la Justicia Ambiental" (Pronazas-Agua), para integrar un Proyecto de Dictamen basado en los trabajos mencionados -pero el proceso quedó pendiente para la actual-, mismo que se presentó ahora en el foro La Gestión del Agua Vista desde México.
La propuesta está contenida en 236 páginas, cuyo cuerpo principal lo constituyen 359 artículos divididos en catorce títulos más ocho transitorios.
Refleja 12 consensos ciudadanos para la Ley General de Aguas:
Recuperar la naturaleza; respetar las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades; coadministrar el agua en el territorio.
Reconocer el derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos, prohibir agua para minería tóxica y fracking.
Acabar con acaparamiento, contaminación e impunidad por grandes usuarios; cerrar puertas a la privatización.
Democratizar los servicios del agua; priorizar el agua para la soberanía alimentaria; garantizar el acceso a la información.
Asegurar recursos públicos suficientes, y erradicar la corrupción y la impunidad.
El título primero va de las disposiciones generales al título segundo Derechos humanos al agua y saneamiento y su interdependencia con otros derechos.
El título tercero legisla las aguas y bienes públicos inherentes; el cuarto, la coordinación entre autoridades en la administración y gestión del agua.
El quinto, participación ciudadana; el sexto, conocimiento y cultura del agua.
Séptimo, la planeación, gestión equitativa y sustentable de los recursos hídricos; octavo, el desarrollo integral de infraestructura.
El título noveno: Derechos, asignaciones y concesiones de las aguas; el décimo, servicios públicos de agua y saneamiento.
El décimo primero, de la calidad y la eliminación progresiva de la contaminación del agua.
El décimo segundo: Financiamiento para la gestión integral y sustentable del agua. Décimo tercero: De la transparencia y acceso a la información.
Y el título décimo cuarto: Responsabilidades, sanciones y justicia hídrica.
Dijo el relator de la ONU Pedro Arrojo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete en Temacapulín, Jalisco, el 10 de noviembre, que él ve en México las dos claves para enfrentar la crisis global del agua: Hacer las paces con los ríos y acuíferos, y la gobernanza democrática del agua.
"Ambas claves, lo estoy diciendo en Naciones Unidas, las reconozco en los esfuerzos que hace México, con el debate ciudadano sobre la Ley General de Aguas que están discutiendo, empujando, para hacer realidad esa declaración constitucional por los derechos humanos al agua y al saneamiento".
"Pero también la gobernanza democrática del agua está presente en ese esfuerzo. Puse a México como ejemplo. No simplemente se debate una Ley de Aguas. Ha habido el proceso participativo más amplio que se ha hecho en todo el mundo. Dónde acabe será cuestión de ustedes, pero yo lo observo con esperanza".
La responsabilidad está en manos de la LXV Legislatura.
@kardenche