La revocación de mandato y el Panaut
El tema de la revocación de mandato ("RM") y el recortado presupuesto para llevar a cabo este ejercicio puede tener implicaciones realmente muy graves para la democracia mexicana. El INE es un organismo autónomo, el más importante para el equilibrio democrático de nuestro país.
Uno de los ingredientes básicos de la autonomía es la suficiencia presupuestal. "Cuando la garantía presupuestaria se encuentre prevista directamente en la Constitución y ésta se constituya en una precondición de la autonomía que la Ley Fundamental tutela de algún órgano, debe concluirse que ésta debe concebirse como una institución fundamental del ordenamiento jurídico mexicano pues de su tutela puede depender el delicado equilibrio de poderes trazado por el Constituyente", esto lo sostuvo la ministra de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña al otorgarle la suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones en su controversia contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ("Panaut") hace unos meses, y es gracias a esta interpretación que este horrendo padrón se encuentra suspendido. Este mismo criterio fue confirmado por la primera sala semanas después al rechazar el recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la presidencia de la República.
En el caso del Panaut, la ley impugnada obliga al IFT a implementar una serie de acciones para poner en marcha el padrón. El problema es que no se dotó de presupuesto adicional al IFT para hacerlo y la ley establece que lo tiene que hacer con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuente, que es lo mismo que establece la Constitución y la Ley de Revocación de Mandato para el caso del INE y la RM. La cuestión es que el INE solicitó que se le asignaran 3 mil 800 millones de pesos para la organización de la RM para 2022, pero la Cámara de Diputados sólo aprobó mil 503 millones para tal efecto. En el incidente de suspensión de la controversia presentada por el INE, la Corte respondió que no podían suspender el ejercicio de revocación porque el INE aún no tiene certeza de que habrá suficientes firmas válidas para que proceda su organización, por lo tanto, no hay nada que suspender porque aún no es un hecho que habrá RM.
Como consecuencia de lo anterior, el INE pospuso temporalmente la realización de la RM hasta en tanto la Corte resuelva o, en su caso, cuente con el presupuesto necesario para ello. Pero en una resolución que no resuelve el fondo, la Comisión de receso de la SCJN ordenó al INE continuar con el proceso.
La RM no es una fiesta, aunque así parece verlo López Obrador; no es voluntario para el INE instalar mil o 100 mil casillas. La propia ley establece que debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales, que implica la instalación de 161 mil casillas por lo menos y con el presupuesto asignado simplemente no alcanza.
AMLO dice que "no es necesario tanta casilla", que pongan menos e incluso que la organicen los propios ciudadanos. Estas declaraciones son escalofriantes, ahora imagínese si en 2024 no le otorgan al INE suficiente presupuesto para organizar las elecciones; si lo hizo la Cámara de Diputados ahora, ¿por qué no lo haría después? Décadas de formar una institución como el INE, la misma que organizó las elecciones en las que ganó AMLO, y ahora está en peligro de desmantelamiento. La RM podría estar funcionando como un ensayo para su destrucción de cara a las elecciones de 2024. Con esta resolución, la Suprema Corte tiene en sus manos el futuro de la democracia de nuestro país.
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