Fiscales mexicanos anunciaron que acusaron a siete personas, incluidos exaltos funcionarios, en el escándalo de tráfico de armas conocido como "Rápido y Furioso".
La muerte del agente fronterizo Brian Terry en diciembre de 2010 dejó expuesta la fallida investigación "Rápido y Furioso", en la que agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) permitieron a delincuentes comprar armas de fuego con la intención de que las autoridades las rastrearan.
Pero la agencia le perdió la pista a la mayoría de las armas, incluidas dos que fueron encontradas en el lugar donde Terry fue asesinado en el sur de Arizona. El gobierno estadounidense ha actuado con fuerza para procesar a los implicados en el homicidio del agente.
México dice que grupos de narcotraficantes y exfuncionarios también participaron en el tráfico de armas.
La FGR indicó que presentó cargos de tráfico de armas contra siete personas en el caso que se remonta a hace más de una década, entre ellas el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y el otrora capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Otro funcionario que también ya fue acusado es Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal. México ya arrestó a Cárdenas Palomino bajo cargos de tortura.