Sancionarán a desamparo de los menores
El Congreso del Estado analizará reformas legales para que se obligue y sancione a los padres y tutores que nieguen el derecho de niñas, niños y adolescentes, a recibir atención de las necesidades básicas de subsistencia, como son alimentación, educación, vestido, habitación y medicina.
El grupo parlamentario del PRI ingresó un proyecto de iniciativa para adicionar a la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes un apartado para fijar las bases jurídicas locales para que se inhiba el abandono de los menores, mediante acciones coercitivas.
La diputada local Alicia Gamboa explicó que la obligación alimentaria que tienen los padres para con sus hijos, es resultado de mandato constitucional federal "que les vincula a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, en el marco del principio del interés superior del menor y con la característica de que recae en ambos padres, es decir, es una obligación compartida sin distinción de género".
Fue clara al señalar que la institución de los alimentos va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención, elementos indispensables para el desarrollo integral de las personas.
En los considerandos del proyecto de reforma se precisa que sin que importe si los hijos han nacido fuera o dentro del matrimonio, la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos queda integrada en la relación de patria potestad, enfatizó Ali Gamboa.
Con esta propuesta, la regla moral se transforma en precepto jurídico, lo que significa que la obligación de proporcionar alimentos presenta los órdenes social, porque interesa a la sociedad; moral, porque los vínculos de afecto no pueden dejarlos en el desamparo y jurídico, porque incumbe al derecho hacer coercible su cumplimiento.
Una vez que se dictamine, analice, discuta y apruebe, la Procuraduría de Protección a menores podrá asesorar y orientar de oficio y a petición de parte, a los afectados por incumplimiento en atención alimentaria, con el fin de que se sancione a quienes incurran en tal irregularidad.