Brazos, manos y dientes a la Fiscalía Anticorrupción
En México según los resultados de la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la percepción sobre la frecuencia en la que se cometen actos de corrupción en instituciones de gobierno, se redujo a nivel nacional un 4.5 por ciento al disminuir de 91.1 en 2017 a un 87 por ciento en 2019.
Sin embargo y aunque los anteriores números parecieran alentadores, muy por el contrario, la tasa de prevalencia de la corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019. Entendiéndose que entre la población mayor de 18 años que tuvo contacto con algún servidor público para realizar un trámite, fue víctima de un acto corrupto. El levantamiento se publicó en mayo de 2020 y se lleva a cabo cada dos años, por lo que se puede considerar como vigente.
Por lo que toca a Durango en este indicador nacional de la corrupción, nuestro estado aparece con la tasa más alta de todo el país, con un incremento de 58.6 por ciento en el número de personas que experimentaron un acto de corrupción, al pasar de 16 mil 010 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 25 mil 389 en 2019. Los trámites con mayor prevalencia de corrupción fueron los relacionados con autoridades de Seguridad Pública, el Ministerio Público y juzgados o tribunales.
Entre todas las Fiscalías Anticorrupción del país se abrieron en un año, de 2019 al 2020, cerca de 18 mil carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. No obstante, en ese mismo periodo únicamente 67 casos fueron esclarecidos con una sentencia contra algún responsable, menos del 1 por ciento. La mayoría de las indagatorias (9 de cada 10) se mantienen en curso sin llegar ante un juez o siendo archivadas ante la imposibilidad de las Fiscalías de conseguir más pruebas.
El Sistema Local Anticorrupción en Durango nació en el año 2017, concebido como el mecanismo institucional para dar seguimiento, prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas por hechos de corrupción. Sin embargo, a la fecha, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no ha alcanzado las mínimas expectativas ciudadanas con resultados tangibles, debido a diversos obstáculos que potencian sus malas calificaciones.
Y es que toda vez que entre los variados impedimentos estén los recursos humanos insuficientes, recortes al presupuesto, procedimientos de investigación inadecuados y fallas en capacitación, siguen siendo las legislaciones incompletas o inadecuadas, pero sobre todos la poca o nula autonomía, dos de las deficiencias que de origen viciaron tanto al sistema local como al propio organismo anticorrupción.
Precisamente al quedar la institución sin un titular tras el lamentable y trágico deceso del Fiscal Anticorrupción, Héctor García Rodríguez, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Durango encontró un nicho de oportunidad para proponer el fortalecimiento de la FECCED, para que verdaderamente encare y combata la corrupción.
Dicha iniciativa, además de una reforma integral al marco jurídico local, propone modificar el procedimiento de designación del Fiscal Anticorrupción para trasparentar el procedimiento de su nombramiento y las causas por las que puede ser removido del cargo, recayendo dicho acto en la responsabilidad del Congreso del Estado, como ocurre ya en dos entidades del país.
Siendo pues propuesto y designado el Fiscal Anticorrupción por el Poder Legislativo mediante una convocatoria pública y una votación por mayoría calificada, se estaría dotando y robusteciendo al propio sistema con una amplia confiabilidad, al demostrarse como un instrumento libre, pleno de imparcialidad y objetividad. Habrá que esperar si habrá o no disposición y voluntad política del Ejecutivo, así como del total de los legisladores locales indistintamente de su filiación partidista, para darle a la Fiscalía Anticorrupción los órganos anatómicos que le hacen falta.
EN LA BALANZA.- En 2017 desde el Senado de la República ya se hacía el exhorto hacia los congresos locales para dar seguimiento a la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción; por aquellos días, el entonces coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, solicitó a los diputados en las entidades seguir avanzando de manera sincronizada y armónica, en este propósito común que es el combate a la corrupción. La entonces senadora Marcela Torres Peimbert, también de Acción Nacional, hizo un llamado a "dar la batalla" en los estados para que no fueran los gobernadores quienes nombraran a los fiscales anticorrupción.
Twitter: @Vic_Montenegro