En juego, el sector eléctrico de México
El sector eléctrico en México está sumido en la incertidumbre.
La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados solo tienen 278 votos, con lo que no lograrán sacar adelante la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrado y actualmente se cabildea que diputados de la oposición apoyen el proyecto.
El Congreso someterá a votación este domingo una reforma constitucional que podría echar por tierra la apertura del mercado que se registró en 2013.
El Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quiere devolver el poder a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de las empresas privadas, que tienen una mayor apuesta por las energías renovables y el gas natural.
Ya existe una ley en este sentido, pero como ha sido recurrida en los tribunales ahora López Obrador intenta consolidar los cambios mediante una reforma constitucional que tiene pocas posibilidades de prosperar, pero que, según alertan sus críticos, solo generará más litigios y menos inversiones.
Con la reforma de 2013 se liberalizó la generación y venta de electricidad para los grandes usuarios, aunque la CFE mantuvo el monopolio en distribución y en venta a particulares.
El actual presidente siempre dijo que la reforma de 2013 dejaba la puerta abierta a la corrupción y a la privatización de la CFE. Además argumenta que las compañías privadas -fundamentalmente estadounidenses y españolas- se beneficiaron de contratos, según él, fraudulentos.
López Obrador no quería que la CFE perdiera más dinero y propuso una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en 2021, que garantizara al Estado la generación de al menos 54 % de la electricidad que necesita el mercado. La normativa establece que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas gubernamentales, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda, la cubrirán las plantas privadas de energía renovable y gas natural.
La ley permite además revisar o incluso anular contratos suscritos con las empresas privadas y deja inoperativo al órgano regulador que actuaba de árbitro del mercado, y cientos de compañías acudieron a los tribunales por lo que consideraron una clara violación a la libre competencia. Denunciaron también que se violaban acuerdos internacionales firmados por México. Estos litigios bloquearon temporalmente su aplicación, aunque siguen en curso.
De forma paralela, se intentó que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley, pero aunque la mayoría de sus integrantes estaba a favor no alcanzaron la mayoría necesaria para hacerlo.
Dado que la Ley de la Industria Eléctrica está parcialmente inoperativa, el Gobierno propuso una reforma constitucional exactamente en esa misma línea que consolidaría la rectoría de la CFE y las compañías estatales sobre el mercado energético.