Tren suspendido

"La preservación de nuestro ambiente no es un reto liberal o conservador; es sentido común".

Ronald Reagan

No sorprende que el juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, haya ordenado una suspensión provisional de la construcción del tramo 5, sección sur, del Tren Maya. Este tramo no cuenta con una manifestación de impacto ambiental, que la ley exige. Sabemos, además, que el cambio del proyecto, que originalmente se construiría sobre el camellón de la carretera Cancún-Tulum, pero que ahora avanza sobre una ruta paralela, ha creado nuevos e importantes riesgos ambientales. Lo que sorprende es que el gobierno haya persistido en talar y construir sin cumplir la ley.

El presidente López Obrador trató de evitar los amparos contra sus proyectos de infraestructura con su "decretazo" del 22 de noviembre de 2021, el cual los declaró "prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional". En su mañanera de ese día explicó que el "acuerdo" buscaba "agilizar trámites burocráticos para que no se detengan las obras", pero reconoció que trataba también de impedir los juicios que las habían suspendido en varias ocasiones: "Ah, pero cae el amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, y pues ya no terminamos".

Una de las mayores obsesiones del presidente es terminar las obras en los tiempos que él mismo ha fijado. Por eso inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuando no estaba concluido. Para el Tren Maya ha establecido una fecha límite sin más sustento que su propia voluntad: "En diciembre del año próximo vamos a inaugurar el Tren Maya -dijo el 25 de enero de este 2022--, a pesar de los pesares, aunque nos pongan obstáculos. Además, somos especialistas en brincar obstáculos".

Esta prisa innecesaria ha llevado a algunas de las decisiones más dañinas en el Tren Maya. Es la razón por la que no se preparó un proyecto ejecutivo que hubiera permitido detectar problemas por adelantado y resolverlos. A ella se debe también la decisión de cambiar el proyecto sobre la carretera, que tenía una parte elevada sobre Playa del Carmen, por un nuevo trazo al lado de la carretera. Es también la explicación de que el gobierno no haya presentado una manifestación de impacto ambiental sobre este tramo 5, como sí lo hizo en los tramos 1 al 3.

Un juez de distrito no es un especialista que pueda definir si el nuevo trazo del tramo 5 es ecológicamente aceptable o no. Para eso se requiere el trabajo de los especialistas que preparan la manifestación de impacto ambiental. La responsabilidad del juez es aplicar la ley, y esta obliga a que un proyecto de esta magnitud cuente con ese estudio antes de que comiencen los trabajos. Esa manifestación debió haber cubierto todo el proyecto ferroviario, pero el gobierno prefirió ir presentando documentos parciales, en parte porque los primeros tramos eran más fáciles de aprobar, debido a que ya existía un derecho de vía desde los tiempos de Porfirio Díaz. Hoy, sin embargo, la resistencia de las autoridades a cumplir la ley, y a preparar y divulgar una manifestación para el tramo 5 que ya se está construyendo, revela que sí hay un daño ambiental que el gobierno quiere ocultar.

Habrá que ver todavía si el juez ordena una suspensión definitiva. El gobierno ha ejercido una enorme presión sobre los jueces que han actuado con independencia, incluso ha ordenado que se les investigue. Pero el tema no debería ser siquiera objeto de discusión. La ley ordena una manifestación de impacto ambiental, y esta no existe.

Bólido

Apenas el domingo 17 de abril el presidente mandó la iniciativa para "nacionalizar" el litio, la cual pasó como bólido por las dos cámaras del Congreso. Ayer se publicó en el Diario Oficial. Está claro dónde están las prioridades del presidente. ¿Y si este hubiera puesto el mismo empeño para conseguir medicamentos?

Twitter: @SergioSarmiento