La importancia de identificar orígenes-causas y atender el fenómeno delictivo

La seguridad pública con enfoque de ciudadana coloca al individuo en el centro de la atención, pero a pesar de los intentos por "llevar a la práctica lo que pensamos, decimos y escribimos," seguimos con una gran diversidad de opiniones, criterios, visiones, "que se dicen y escriben con facilidad" sin lograr conciliar pensamientos y propuestas, que sumen esfuerzos coordinados, de todas las instancias que existen que identifiquen, atiendan, contengan y nulifiquen los orígenes-causas del fenómeno delictivo en México.

En 2008, la Organización de Estados Americanos definió algunas "causas de la criminalidad y la violencia:" delincuencia organizada y delitos conexos; factores socioeconómicos que propician marginación, pobreza y desigualdad social; procesos de urbanización masivos y desordenados; "valores y cultura relacionados con el deterioro de la cohesión social como el individualismo y los logros materiales"; situaciones familiares conflictivas como ausencia de los padres, embarazo temprano y violencia; exclusión social de los jóvenes conocidos como "ninis"; ausencia de una cultura de legalidad y solución de conflictos; trabas burocráticas insensibles con las víctimas, que provocan bajos índices de denuncia y sanción del delito; insuficiente infraestructura, recursos humanos y tecnológicos en la prevención, procuración y administración de justicia, así como "corrupción" y una débil profesionalización; dificultades estructurales de cuerpos policiales como: falta de focalización, de precisión de funciones y, de coordinación; el problema carcelario de hacinamiento, poco control e incapacidad de lograr una verdadera reinserción social.

Por su parte, México inició trabajos para definir la prevención del delito con acciones no policiales en la Conferencia Nacional de Gobernadores desde el año 2010, sumándose la UNAM y diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, que permearon el Sistema Nacional de Seguridad Pública, concretando en la Ley General para la prevención social de la violencia y la delincuencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012.

La primer tarea fue "conciliar y verificar la veracidad de la gran cantidad de diagnósticos que existían y definir": las áreas estratégicas geográficas y temáticas más sensibles en el territorio nacional (las denominaron polígonos); el diseño de "estrategias no coercitivas" de prevención de criminalidad basadas en la educación, la cultura, el deporte, los valores y la identidad nacional; la presentación de programas de actores en el rubro; determinar en qué medida inciden los resultados de estos programas en la disminución de índices delictivos; elaborar propuestas de acciones para vincular los resultados de programas con la disminución de índices delictivos; promover una cultura de la legalidad, mediante estrategias para introyectar esta cultura de legalidad en escuela, hogar, comunidad y trabajo.

Y así nació "la efímera" Subsecretaría de Prevención Social de la Violencia y el Delito, como la única instancia de atención al tema con presupuesto para administración y operación en el año 2013.

Aglutinó, "temporalmente", los programas congruentes al tema dispersos en los diversos organismos de la Administración Pública Federal que ya eran unidades responsables de gasto; adecuó los programas de operación; integró operativamente el Centro de Prevención Social del Delito del Sistema Nacional de Seguridad Pública y asumió la tarea de sumar la participación ciudadana a la atención de los factores identificados con mayor incidencia en las áreas geográficas que denominaron polígonos.

Se disponía de la información, estudios nacionales e internacionales y la norma vigente para atender como gobierno y sociedad las causas, orígenes y factores de la violencia.

Siendo desdeñados por la actual administración al igual que al análisis científico, privilegiando su identificación y atención en función de supuestas creencias e ideas preconcebidas sobre la criminalidad.

Prefiriendo programas sociales que asignan dinero directamente a las personas de los sectores considerados en el discurso oficial como vulnerables, y capitalizándolos en toda campaña electoral.

Los datos duros sobre la seguridad muestran más de 120 mil homicidios desde 2018, crecimiento desproporcionado de la delincuencia común y organizada que ya ocupa territorios urbanos y rurales provoca éxodo de pobladores y cobros por toda actividad productiva, actúa con extrema violencia e impunidad, y un progresivo dominio de las decisiones políticas, económicas y sociales de la vida del país.

Nuestra convivencia alcanza altos niveles negativos, impactando en el crecimiento de la pobreza, el desarrollo como país y en el bienestar de los individuos.

La búsqueda de responsables específicos y la cómoda de señalar culpables del pasado no ha sido la solución; la autoridad tiene una enorme deuda con la sociedad en la atención del fenómeno delictivo.

* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y Maestro.