Delitos electorales
A escasos días del domingo 5 de junio, fecha en que la ciudadanía acudiremos a emitir nuestro voto, las campañas electorales han arrancado en la totalidad de los municipios, incluso, a decir de algunas casas encuestadoras, ya se puede hablar de perfiles bien posicionados. Sabedores que la última palabra la tiene el elector, dejamos este tema para otro artículo y nos enfocamos a aquellas acciones que fomentan la cultura de la transparencia y legalidad en el ejercicio de los recursos públicos, así como en la actuación imparcial de las y los servidores públicos.
Enfoquemos la atención en el tema de delitos electorales. Primeramente, ¿qué entendemos por delito electoral? Para mayor claridad, nos remitimos a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y vemos que delito electoral es cualquier acción u omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
Así pues, con esta definición, es conveniente saber también que cualquier persona puede llegar a cometer una de estas infracciones y, en consecuencia, también puede llegar a ser sancionada. Hay que tener en cuenta que el bien jurídico tutelado es el derecho al voto, toda vez que, a través del voto, no solamente se elige a una persona, sino que también se elige un programa político, y además, se confirma la decisión de que la democracia debe ser la norma básica de gobierno.
Comete un delito electoral quien: se apodere, destruya, altere, posea, comercialice o suministre credenciales de elector, listado nominal, actas y paquetes electorales; entorpezca el desarrollo de las elecciones; se presente a votar con una credencial que no le corresponde; solicite evidencia respecto al sentido del voto, ya sea por fotografía o con una declaración firmada; alteraciones al Registro Federal Electoral (Turismo electoral); solicite votos a cambio de dinero; acarree votantes el día de la jornada con la intención de influir en el sentido del voto; vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de Ley; vote o intente votar más de una sola vez en la misma elección.
En lo que respecta a las y los servidores públicos, se suman otras acciones, entre ellas, destinar recursos en favor o en perjuicio de alguna campaña o candidatura, condicione programas gubernamentales o coaccione a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas.
Ahora bien, no podemos ni debemos dejar de lado que los principios de imparcialidad y de equidad (igualdad de oportunidades) son directrices fundamentales que deben ser observadas para garantizar el acceso al poder público, de ahí que, durante las campañas electorales, queda prohibida la difusión de la propaganda gubernamental, a excepción de aquellas campañas de información de las autoridades electorales, las campañas de protección civil en caso de emergencias y la propaganda relativa a servicios educativos y de salud.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, conocida como FEDE, adscrita a la Fiscalía General de la República, es la institución que procura justicia en materia penal-electoral, así que, si conoces de alguien que lleve a cabo algunas de las acciones mencionadas, no dudes en denunciar.
En el ámbito estatal, contamos con una Ley de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Durango, así como con una Unidad Especializada en Delitos Electorales, adscrita a la Fiscalía General del Estado.
Ya lo sabes: cualquier persona puede acudir y denunciar; no es facultad exclusiva del afectado y es que los delitos electorales se persiguen de oficio. Cualquier anomalía de la que se sospeche que sea un delito electoral debe ser denunciada; si crees que estás siendo parte o testigo de un delito electoral, denúncialo a las autoridades y ellas, tras una investigación, deberán definir si se trata o no de un delito.
* La autora de esta colaboración es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC).