Estado asumiría responsabilidad de huérfanos de feminicidio en Durango

Una reforma a la Ley de las Mujeres para una Vida Sin Violencia obligaría al Estado a destinar una partida presupuestal para la atención de los huérfanos del delito de feminicidio.

“Durango no es ajeno a la violencia contra las mujeres. Las cifras son preocupantes, en dos años se han registrado 13 feminicidios; del total, tres se reportaron en este 2022, mientras que de enero a diciembre del 2021 se abrieron diez carpetas de investigación por el mismo delito”, dijo la diputada local Ofelia Rentería.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los hechos violentos del año pasado tuvieron lugar en los municipios de Durango, Lerdo, Guadalupe Victoria, Mezquital y Santiago Papasquiaro.

La legisladora, promotora de esta iniciativa, dijo que inicialmente sería indispensable que se implemente un registro de huérfanos por feminicidio, con la finalidad de establecer la obligación del Gobierno del Estado de otorgarles protección, responsabilizándose de su educación, además de brindarles tratamiento psicológico y apoyos necesarios para su adecuado desarrollo hasta la mayoría de edad.

“Es importante que estas niñas y niños puedan regresar a una vida estable, ya sea con la familia extendida o con una adopción, poniendo siempre primero el interés superior de la niña y/o el niño, o en su caso, con el programa de familia de acogida para evitar el ingreso a instituciones”, señaló.

De esta manera, el recurso económico destinado serviría para la atención de sus necesidades básicas de alimentación, educativa, atención psicológica y apoyos necesarios para su adecuado desarrollo hasta la mayoría de edad.

“La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer”, complementó ante el Pleno al presentar su propuesta.

Agregó que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género; es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres.