Reforma laboral afecta contratos de otra índole
A un año de la reforma de subcontratación, Francisco Yáñez, académico del Instituto de Especialización para Ejecutivos, explicó que era evidente la necesidad de una reforma laboral y un cambio en términos de que se violaban los derechos de los trabajadores, sin embargo, consideró que fue muy polémica la forma en que se hizo.
"No solamente afecta contratos laborales, está afectando contratos que pueden ser de cualquier índole: mercantil, civil y diversos contratos, que basta con que el personal de una empresa esté pisando instalaciones de su cliente, desarrollando una actividad de forma regular y periódica, para que la Secretaría del Trabajo, ante una revisión, establezca que no debería haber personal de otras empresas y, si lo hubiera, debería ser muy bien identificado como especializado", dijo.
Contratar servicios que no están integrados en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especialidades (Repse) puede traer sanciones muy fuertes, con multas de cientos de miles de pesos y la no deducción, en el ámbito fiscal, para quien contrata y para quien ofrece.
Señaló que esto ha dado pie a que las empresas tengan miedo a la deducción, al poder acreditar los impuestos, no tener multas tan altas como se mantienen, y están pidiendo a los proveedores que cuenten con el registro para poder seguir la relación, sin importar que el contrato no sea laboral.
"Con estos cambios, muchas empresas se ven obligadas a conseguirlo", expresó. Aunque reconoció que muchas empresas contrataron al personal que tenían vía subcontratación, hay informativas cuatrimestrales que se comenzaron a presentar en el IMSS y el Infonavit, "sí es una avalancha de cambios con los cuáles la relación laboral ha ido cambiando", expuso.
El especialista en finanzas dijo que será un inicio de un registro que servirá a las empresas para que puedan ofrecer sus servicios, no obstante, indicó que se requiere revisar a detalle la documentación para el Repse, que se puede ver afectada por el escaneo de los datos, información que las autoridades deben validar en un periodo de 20 días.