Tren suspendido
"La intuición es la suspensión de la lógica debido a la impaciencia".
Rita Mae Brown
No sorprende que el juez primero de distrito de Yucatán, Adrián Novelo Pérez, haya dictado una suspensión definitiva para el tramo 5 del Tren Maya. Esta parte del proyecto no tiene Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual, por ley, el constructor debe someter a la autoridad ambiental, que debe aprobarla antes de la ejecución de una obra.
El presidente López Obrador ha hecho todo lo que ha podido para evitar que se apliquen este y otros requisitos a sus obras personales. Ha atacado a los jueces que otorgan amparos y ha ordenado que se investigue su situación patrimonial. Ha emitido un "acuerdo", el llamado "decretazo", para que sus proyectos sean considerados "de interés público y seguridad nacional" y no tengan que someterse a criterios legales, como esas molestas manifestaciones ambientales. Aun así, la suspensión definitiva de este 30 de mayo complica la ejecución de uno de los proyectos emblemáticos del presidente, que quiere concluirlo a toda prisa.
El gobierno del "y no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley" ha declarado que la obra proseguirá pese a la suspensión. Fonatur dio a conocer el mismo 30 de mayo un comunicado titulado: "Continuará obra del Tren Maya para orgullo del pueblo de México". El documento señala que "La suspensión judicial sobre la obra del Tren Maya en el Tramo 5 Sur es 'definitiva' únicamente hasta que se resuelva de fondo la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, actualmente en trámite".
El gobierno, efectivamente, podrá revertir la suspensión si presenta una MIA autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente, lo cual no será difícil por el sometimiento de la dependencia a los deseos presidenciales, pero tendrá también que convencer al juez de que se han cumplido los requisitos para la obra. La legislación, no obstante, ya se ha violado. En su artículo 28, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que obras como esta "requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental". Previamente significa antes, no durante la ejecución, ni mucho menos después.
Toda obra de infraestructura genera daños ambientales. El propósito de la MIA no es garantizar que no se produzca ninguno, ya que esto cerraría las puertas a cualquier proyecto, sino acotar los perjuicios y llevar a cabo obras de mitigación. En el caso del Tren Maya buena parte del daño ya está hecho.
El presidente no ha parado su cantaleta contra los ciudadanos que han promovido este y otros amparos. "Vamos a acudir a otra instancia -dijo ayer-- o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son seudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo, y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos. Más Claudio X. González y los de la asociación México en favor de la corrupción [sic]". Añadió: "Estamos seguros de que la obra va a continuar".
La MIA no es el único estudio previo que le falta al Tren Maya. Nunca se le hizo, por ejemplo, un estudio de factibilidad económica. No sabemos si será rentable o no, cuántos pasajeros y carga transportará, cuánto deberá cobrar por sus servicios, cuál será su mercado. La obra es producto de una decisión personal, sin más manifestación ambiental que una ceremonia de desagravio a la Madre Tierra, ni más estudio económico que la intuición del presidente. ¿Qué podría salir mal?
Prohibidos
El gobierno del "Prohibido prohibir" prohibió ayer los vapeadores. Ya sabemos qué pasará. Surgirá un mercado negro de estos productos que la FDA estadounidense dice que facilitan que muchos fumadores dejen de fumar. En México será legal fumar, pero no vapear.
Twitter: @SergioSarmiento