IMSS en Durango y Coahuila suma 26 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos
A nivel nacional y en los primeros cuatro meses del año en curso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lidera las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntos hechos violatorios.
En Durango y Coahuila el acumulado es de 26 quejas, y algunos de los motivos que acusa la derechohabiencia de ambas entidades es por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones así como omitir proporcionar atención médica. También omitir proporcionar medicamentos, prestar indebidamente el servicio público, obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a las que se tiene derecho y negligencia médica, entre otros.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, en Coahuila se han presentado 18 quejas por presuntos hechos violatorios mientras que en Durango han sido 8.
Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) suma de enero a abril de 2022 un total de 381 quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos en el país. De ellas, 11 corresponden al estado de Durango y 10 a Coahuila.
Los principales hechos violatorios que se señalaron fueron negligencia médica, omitir suministrar medicamentos, omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud y realizar deficientemente los trámites médicos.
La misión de la CNDH es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las leyes. En este contexto, reciben quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, conocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos, por acciones u omisiones de las autoridades administrativas de carácter federal, o por la tolerancia o anuencia de la autoridad de conductas ilícitas que realicen particulares o agentes sociales; formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, y procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita, entre otros.