El Congreso del Estado prevé citar a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para aclarar, entre otros aspectos, el adeudo en el arrendamiento de las videocámaras urbanas.
La diputada local Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, advirtió que en reiteradas ocasiones y desde la Legislatura pasada se cuestionaba a la dependencia estatal sobre el estatus de dicha adquisición, y siempre se le respondía que se estaba cumpliendo.
Fue el pasado lunes 13 de junio cuando El Siglo de Durango publicó una investigación en la que se comprobó el adeudo de más de 161 millones de pesos que mantiene el Gobierno del Estado con la empresa Interconecta, S. A. de C. V., por el arrendamiento de 256 cámaras de videovigilancia contratadas desde mayo del año 2019.
De acuerdo a lo que la investigación estableció, el monto del contrato fue por la cantidad de 150 millones 289 mil 999 pesos; a esa cifra se sumaron otros 24 millones 526 mil 399 pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, el total del documento ascendió a 177 millones 816 mil 399 pesos.
La SSP confirmó, mediante copias de transferencias electrónicas, que solamente se habían efectuado tres de los 32 pagos comprometidos en el contrato. Tal como estaba firmado, cada erogación fue de cinco millones 556 mil 762 pesos; la primera el 3 de agosto, la segunda el 4 de septiembre y la tercera el 30 de septiembre. Todas del año 2020.