El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió el país con más de 500 conflictos socioambientales activos.
Un mapeo reciente de injusticias ambientales en México, coordinado por el biólogo de la UNAM Víctor Manuel Toledo, refleja 173 conflictos generados por minería, seguidos por 86 vinculados al agua, 74 de energía, 49 causados por megaproyectos turísticos, 38 provocados por expansión urbana, 37 forestales, 35 de carácter agrícola, 34 por residuos tóxicos y peligrosos, 16 por construcción de carreteras, 10 pesqueros y 8 biotecnológicos ocasionados básicamente por introducción de maíz y soya transgénicos.
Un número mayor a 500 conflictos ambientales en México también registra en 2018 el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas), codirigido en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona por el especialista en economía ecológica Leah Temper y el economista catalán Joan Martínez Alier, y coordinado por la doctorante en ciencias ambientales Daniela del Bene.
Según Martínez Alier, uno de los indicadores del nivel de gravedad de los conflictos ambientales es que la vida de las personas ha sido vulnerada por el impacto ambiental, es decir por la contaminación u otros daños producidos por un proyecto, o por el asesinato de activistas que se manifiestan en contra de un proyecto determinado.
Cada conflicto supone la afectación de grupos humanos y de sus recursos locales, tales como problemas de salud, invasión o desposesión de territorios y propiedades, destrucción de bosques y selvas, contaminación de aire, suelo o agua, disrupción de cuencas y sus sistemas hidrológicos, afectación de mantos freáticos, lagunas, ríos o lagos, destrucción de fauna y flora y daños a los sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros.
En la mayoría de los casos, cada problema ha provocado respuesta de la población afectada y el surgimiento de redes de resistencia, así como la participación de asesores en materia científica y tecnológica, cultural y legal.
A su vez, los agentes provocadores de conflictos han respondido con negociación pero también con represión. Más de cien ambientalistas fueron asesinados entre 2000 y 2018, y existe un recuento de dirigentes y asesores presos injustamente.