El presidente López Obrador suele utilizar -como lo hizo en su discurso de toma de protesta- el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional para mostrar la gravedad de ese problema en México. De acuerdo con ese parámetro, nuestra nación se encuentra ubicada en la posición 135 de un total de 180 países que son evaluados. En 2012, al inicio del sexenio de Peña Nieto, nuestro país ocupaba el lugar 105, es decir que se perdieron 30 posiciones en 5 años. Una situación, sin duda, delicada e indignante.
Sin embargo, hay una dificultad asociada con ese indicador en particular y es que refiere a la percepción de la corrupción y no a la corrupción como tal. Es necesario recordar que no siempre van de la mano percepción y hechos; que una cosa es lo que sucede y otra distinta lo que se percibe. Un ejemplo que suelo emplear para mostrar la distancia entre realidad y percepción es que, a pesar de que hay muchas más muertes por accidentes carreteros que por percances aéreos, la gente suele experimentar mayor inseguridad en el aire que en tierra.
El punto al que quiero llegar es que, en realidad, no sabemos qué tan generalizadas son las prácticas corruptas en nuestro país porque, todo lo que tenemos, son datos sobre nuestra percepción. Pero, la cuestión es qué tan amplia es la brecha entre la corrupción que estamos convencidos que tenemos y la que realmente ocurre, pensando, además, que venimos de un sexenio en el que se vivieron grandes escándalos, pero, también, considerando que tenemos unos mecanismos de transparencia que son lo suficientemente efectivos a la hora de mostrar cómo se dañan el erario y otros bienes públicos.
No tengo la menor duda de que en este país existen graves y muy frecuentes actos de corrupción; pero, con la misma seguridad sostengo que nuestra percepción está alterada por la mediatización de los casos más escandalosos y por el cada vez mejor trabajo que se hace, desde frentes institucionales y ciudadanos, en materia de transparencia. Pero, también, porque el individuo más influyente en la vida pública del país, el presidente López Obrador, ha contribuido a lo largo de los últimos sexenios a magnificar ese fenómeno y sus efectos, de tal manera que nuestro autoconcepto, en el sentido que somos una nación elevadamente corrupta, está alterado; insisto, no sé qué tanto.
Hay distintos elementos que contribuyen a suponer que, efectivamente, existe una brecha entre la corrupción real y la percibida. El más importante es, creo, que cuando se revisan por las Auditorías Superiores y por distintas Organizaciones de la Sociedad Civil y medios de comunicación las cuentas públicas, a pesar de las múltiples inconsistencias que se reportan, la mayor parte de lo cotejado cumple con las normas, indicando que no todo en México es corrupción.
Así las cosas, me parece muy importante que encontremos formas de medir la corrupción más apegadas a la realidad, para saber en dónde en realidad estamos parados y para encontrar los caminos para mejorar. Pero, sobre todo, para lograr que tan dañino fenómeno deje de ser utilizado de manera politiquera.