Analizan vía legal por cobros de CFE
Debido a que el llamado que hicieron alcaldes de la región del Semidesierto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que modifique las tarifas de cobro a los ayuntamientos no ha tenido eco, ahora los presidentes municipales analizan tomar una vía legal.
El alcalde de Tlahualilo, Sergio Nevárez Nava, que junto con la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale; de Mapimí, Judith Marmolejo de la Cruz; de Lerdo, María Luisa González Achem, y de Torreón, Jorge Zermeño, explicó que los incrementos en las tarifas para los ayuntamientos han dejado la operación de los organismos operadores de agua potable en una situación insostenible.
Es por ello que se han planteado llevar el caso a tribunales, "si la tarifa se sigue incrementando vamos a llegar a un punto en el que no podamos pagar ya esos recibos a Comisión Federal y buscaremos en algún juzgado estar depositando".
Recalcó que la postura de los presidentes municipales no es por no pagar por el servicio que la Comisión brinda a las comunidades, simplemente, que los gobiernos municipales no tienen capacidad para hacer frente ni a los altos cobros ni a los incrementos en las tarifas que plantéa la Comisión Reguladora de Energía.
Es por ello que si no hay una respuesta positiva a la petición de modificar la tarifa de industrial a agrícola, mejor conocida como tarifa 09, los alcaldes deberán buscar vías legales.
Esto se haría, dijo, "en base a lo que cobra la misma Comisión en otros estados del país, con ese cálculo estaremos depositando en un juzgado la cantidad que creamos pertinente".
Previamente, los alcaldes acudieron al Senado de la República a solicitar la modificación y aunque se aprobó un punto de acuerdo no ha habido ninguna reacción.
SUBSIDIO A ORGANISMOS
En el caso de Tlahualilo, se estima que el Organismo Operador de Agua Potable apenas recibe el 22 por ciento de los recursos que requiere para brindar el servicio.
Esto significa que el Gobierno Municipal debe aportar el 78 por ciento del recurso restante, lo que va en detrimento de la población porque no es posible aplicar el presupuesto en obra pública o en apoyos sociales, destacó.
Previamente, el Alcalde informó que, en apenas unos meses, el Ayuntamiento experimentó un incremento de alrededor de un 140 por ciento en el costo de las tarifas, lo que complicó la situación financiera de la administración.
Sobre todo porque se trata de un servicio que no puede ser suspendido para la población, toda vez que se trata de un derecho humano y suspender la distribución de agua podría iniciar una crisis en las comunidades.