La reciente designación de Marcelo Torres Cofiño, como el primer diputado de oposición en ser Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, se encuentra empañada con un grave cuestionamiento, sobre la Ley Orgánica vigente, que regula el funcionamiento interno de la Legislatura Estatal.
Se trata de lo que hace un año en este mismo espacio fue calificada como "herencia envenenada del moreirato...", que consiste en una imposición autoritaria hecha a fines del año antepasado, con la que la entonces bancada priísta reformó para mal la Ley Orgánica del Congreso, con el objeto de mantener el control de dicho órgano durante la presente Legislatura, pues si bien el PRI tiene un mayor número de diputados que los partidos de oposición considerados por separado, los priístas por sí solos, son minoría.
Tanto protagonistas como observadores del quehacer político coahuilense, esperaban que la actual mayoría opositora en el Congreso, ofreciera un freno al abuso arbitrario del Poder Ejecutivo sin embargo, la Ley en comento se mantiene vigente a pesar de que de manera increíble, establece candados que impiden a los diputados de oposición celebrar alianzas entre sí para integrar mesa directiva o legislar, y determina que las Leyes que expida el Congreso deberán de ser aprobadas por las dos terceras partes de los diputados, en contra de la regla general establecida tanto por la Constitución de la República, como por la propia Constitución del Estado, en el sentido de que es suficiente la mitad más uno de los votos.
Como resulta evidente, la actual Ley Orgánica del Congreso de Coahuila, diluye la mayoría que de la oposición y establece una forma de falsa mayoría que mantiene a la bancada del PRI en el control, y sienta un precedente sin paralelo en la historia de la democracia en México y en el mundo, que vulnera el principio de mayoría que rige la función parlamentaria.
En efecto, todo nuestro sistema democrático está encaminado a regir por mayoría en los órganos legislativos, por medio de acuerdos parlamentarios tomados sin limitación alguna, por lo que las reglas que en Coahuila ponen trabas al libre acuerdo entre las diversas fuerzas políticas, con el propósito de que el control del PRI prevalezca, son contrarias a la Constitución y a la naturaleza misma de la vida democrática.
A ello se debe que algunos de los Diputados actuales encabezados por el propio Marcelo, impugnaron la reforma, pero en forma por demás extraña, ingenua o complaciente, en lugar de combatir la inconstitucionalidad de la Ley ante el Poder Judicial Federal, lo hicieron ante el Tribunal Superior de Justicia del propio Estado de Coahuila. La sentencia dictada por dicho Tribunal, en tanto se encuentra en manos de Miguel Riquelme como albacea del moreirato, declaró que la absurda Ley Orgánica se encuentra apegada a la Constitución y en consecuencia, hasta el día de hoy sigue vigente.
En ese ambiente enrarecido se produce el acuerdo PRI-PAN, que pone al frente de la Junta de Gobierno del Congreso a Marcelo Torres, lo que para el más modesto observador del quehacer político local resulta inconcebible. Lo anterior porque en la medida en que Riquelme mantiene el control del Congreso, por medio de una Ley Orgánica chafa y con la sumisión incondicional de la minoría priísta, Marcelo y el Congreso Local en su conjunto, son rehenes de Riquelme.
La situación referida acontece a despecho del discurso del propio Marcelo que en los días posteriores a la instalación de la actual Legislatura, sentenció que la falta de legitimación y la sombra del fraude electoral, perseguirían al gobernador en funciones durante toda su gestión.
Lo expuesto es grave, porque un maridaje entre la oposición y el actual Gobierno priísta de Coahuila en tales condiciones, fortalece la impunidad de que han gozado los gobiernos del moreirato, en los temas de contratación ilícita de deuda pública, desvío sistemático de recursos, violación creciente de los derechos humanos y finalmente, la elección fraudulenta que impuso como gobernador a Miguel Riquelme.