El presidente López Obrador busca desmantelar la reforma energética sin cambiar las leyes para devolver a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio que tenía en los tiempos del viejo PRI. Ayer anunció que pedirá a las empresas privadas de ductos que acepten modificaciones en sus contratos: "Yo espero que sean empresas responsables y tengan dimensión cívica. y nos ayuden a enfrentar la crisis de México que produjo la política neoliberal, la política de saqueo."
Cuestionó las decisiones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo que tiene el mandato de promover un mercado competido de energía. Tildó, además, de corruptos a los ex funcionarios del sector que ofrecen servicios de consultoría o participan en consejos de administración de empresas del sector.
López Obrador no está desmantelando legalmente la reforma energética, como hizo con la educativa. En contraste con los padres de familia, las empresas de electricidad sí cuentan con recursos y abogados para enfrentar al gobierno en los tribunales. No hay duda, sin embargo, que el objetivo final de López Obrador es devolver a la CFE el monopolio que tuvo en el pasado.
Esta política es contraria a la apertura que hemos visto en el mundo. En Estados Unidos el servicio de electricidad ha sido mayoritariamente privado desde un principio. En Europa, donde había muchos monopolios gubernamentales, el proceso de liberalización comenzó a fines de los ochenta. Endesa, monopolio gubernamental creado por la dictadura franquista en la España de 1944, empezó a ser privatizada en el régimen socialista de Felipe González en 1988 y actualmente participa en un mercado competitivo con otras firmas privadas. En el Reino Unido la industria, estatizada en 1947, fue privatizada en 1989-1990. Suecia liberalizó su electricidad a partir de 1996. La Unión Europea emitió su Primera Directiva de Electricidad el 9 de febrero de 1996 y desde el 1o de julio del 2007 todos los consumidores domésticos e industriales de la Unión Europea tienen derecho a escoger libremente a su proveedor de electricidad (Mattias Hendenhausen, "Privatisations in Europe's Liberalised Electricity Market", 2007).
No sorprende que los gobiernos conservadores, o fascistas, como el de Francisco Franco, hayan promovido la estatización de la electricidad o que los regímenes progresistas, como el de Felipe González, hayan buscado la privatización. Un gobierno democrático y liberal no tiene por qué ser propietario de un monopolio de electricidad. Los monopolios generan corrupción e ineficiencia; hacen que las decisiones de las empresas se tomen por razones políticas y no por criterios productivos. El bienestar público es mayor cuando las firmas privadas compiten entre sí bajo la supervisión del Estado.
López Obrador quiere regresar a México a los tiempos en que el gobierno controlaba todo el sector eléctrico. Afirma que el sistema que se creó para garantizar un mercado libre, desde los organismos autónomos como la CRE hasta los funcionarios que impulsaron la transformación, son corruptos. No piensa cambiar las leyes ni meterse en pleitos legales con las empresas, pero busca ir concentrando gradualmente las actividades en el antiguo monopolio y eliminar o neutralizar a los reguladores independientes. Aunque no se cambien las leyes, estamos viviendo en términos prácticos el inicio de una contrarreforma conservadora.
TIEMPO PRUDENTE
En todo el mundo es normal que los funcionarios públicos trabajen en la iniciativa privada después de un tiempo prudente. El lapso que establece la legislación mexicana es de un año. Es mejor tener a especialistas en los cargos públicos que a políticos que solo pueden conseguir empleos burocráticos.
Twitter: @SergioSarmiento