Evitar la militarización
En unos días tendrá lugar en el Senado de la República la que tal vez sea la votación más importante de este sexenio, la que involucra la creación de la Guardia Nacional. Mediante la modificación de la Constitución, en caso de aprobarse, se permitirá la creación de un cuerpo con espíritu y disciplina militar y que en los hechos regularizará la presencia que tiene el ejército en las calles desde hace doce años.
Modificar el andamiaje constitucional para permitir que la actuación del ejército sea en el marco de lo que le permite la Constitución puede parecer, a primera vista, un propósito encomiable. Sin embargo, al poner la actuación de una institución de estas características bajo una perspectiva de derechos humanos, lo que parece un objetivo deseable se vuelve un peligro potencial de gran magnitud. Esta situación es necesario analizarla con mucho mayor detalle, con evidencia empírica y la perspectiva comparada de lo que ha sucedido en otros países que escogieron cuerpos de seguridad con antecedentes militares.
Las organizaciones de la sociedad civil que se dieron cita en los foros organizados en el Senado para el análisis de esta iniciativa tuvieron la oportunidad de mostrar datos duros acerca de la inviabilidad de la militarización del país como la herramienta adecuada para bajar los índices de criminalidad en el mediano y largo plazo, además de que representa un potencial aumento en la violación de derechos humanos.
Al incorporar en la Constitución este cambio en las funciones de las fuerzas armadas, estaremos regularizando su papel en la seguridad pública, pero a un costo demasiado alto para el país, ya que un cambio de esta magnitud no se podrá revertir fácilmente en décadas.
Al entregar el control operativo de la seguridad interior a mandos militares que tendrán a su cargo efectivos con formación militar como la base de la Guardia Nacional, estaremos claudicando en la vía civil para tratar el complejo tema de la seguridad pública, aunque sigan existiendo policías municipales y estatales, en los hechos, la Guardia tendrá facultades concurrentes con estos cuerpos para perseguir delitos y coadyuvar con los ministerios públicos.
Aún con todas las advertencias de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, de académicos con datos duros respecto de la inutilidad de la medida, es probable que esta reforma constitucional obtenga los votos necesarios en el Senado para su aprobación, lo que será un retroceso de décadas en la lucha por los derechos humanos.
Twitter: @jesusmenav