Una de las grandes aberraciones de la república federal mexicana es que el nivel de gobierno más cercano a la gente es el que menos capacidades tiene. Además, es el ámbito en el que los tres poderes republicanos se encuentran más difusos. Ambos fenómenos derivan en vicios que se han vuelto crónicos: la incapacidad de los ayuntamientos de hacer frente por sí solos a las demandas ciudadanas y a los problemas de la población; la excesiva dependencia económica que se traduce en mecanismo de control por parte de los estados; la escasa soberanía y el ajustado margen de operación frente a los otros dos niveles de gobierno; la deficiente representación popular; la carencia de controles internos efectivos, y la imposibilidad de que la ciudadanía ejerza su derecho de hacer rendir cuentas al gobierno.
Aunque no parezca, este vicio puede ser el origen de buena parte de los males que aquejan a México. Si los ciudadanos no pueden ejercer su soberanía a través del ámbito de gobierno más cercano, mucho menos podrán hacerlo con los gobiernos estatal y federal. En contradicción con la tesis federalista, en México el municipio se ha mantenido en un estado de degradación que lo pone al nivel de una mera demarcación administrativa subordinada al poder central de las entidades o la Federación, y susceptible de sufrir golpes políticos verticales. También en este fenómeno podríamos encontrar la raíz del deterioro de las ciudades, de su falta de infraestructura adecuada, de la inoperancia de sus servicios, de la mala planeación de su desarrollo urbano, problemas todos presentes en las urbes laguneras. En la medida en que los gobiernos locales dependan más de poderes externos que de controles internos, la soberanía del cuerpo ciudadano será menor.
En los últimos años, en medio de la peor crisis de inseguridad que vive el país y los altos niveles de corrupción e impunidad que prevalecen en la república, se han venido proponiendo y aplicando soluciones que, en vez de fortalecer las capacidades de los municipios, tienden a socavarlas. Así, por ejemplo, se habla de mandos únicos o militares en seguridad, de organismos centralizados de combate a la corrupción, y de órganos de fiscalización que, al estar desvinculados de la base social territorial de los municipios, son propensos a ser utilizados con fines políticos, tal y como han sido históricamente usados los recursos de las participaciones federales, que más que esquemas de redistribución equitativa de la riqueza, son mecanismos de castigo y premio usados por los ámbitos federal y estatal. El desequilibrio de fuerzas es más que evidente.
Además, se ha dejado de lado el fortalecimiento de la democracia interna de los ayuntamientos, en donde no existe una verdadera división de poderes. En la mayoría de los municipios los alcaldes ejercen un control, no sólo de facto, sino de iure, sobre el órgano legislativo local, el Cabildo, al tener la mayoría automática, y sobre el organismo judicial, ya sea conformado en tribunal o juzgado, cuya cabeza es propuesta por el alcalde y aprobada por el Cabildo hegemonizado por el partido del mandatario municipal. No es de extrañar que, al menos en casos como los municipios de Coahuila y Durango, la oposición en el Cabildo termina siempre siendo intrascendente, sin capacidad para corregir todo aquello que suele criticar, muchas veces sólo para golpear y descalificar al partido en el poder.
Hace unos días, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, presentó una iniciativa de reforma constitucional para dar más poder al municipio y reconocer en los ayuntamientos la fuente de la soberanía popular. No es cualquier cosa. Se trata de una profunda reforma del Estado que, de aprobarse, trastocaría el actual juego de fuerzas en el que los presidentes primero y luego los gobernadores son los que tienen el mando casi exclusivo del territorio nacional. Y sería profunda porque la reforma tocaría el punto medular de la autonomía municipal: los recursos fiscales. Muñoz Ledo propone modificar la constitución política de México para que se reconozca que la soberanía nacional recae primero en los municipios, ya que son "la primera expresión del voto popular." Propone también organizar convenciones nacionales hacendarias con una periodicidad de tres años para que ayuntamientos, gobiernos estatales y gobierno federal decidan qué impuesto va a recaudar cada quien. Además, contempla hacer partícipes directos de impuestos federales a los municipios más productivos, lo cual, aunado a la redistribución de facultades fiscales, daría más recursos al nivel primario de gobierno.
La iniciativa es valiosa ya que, insisto, toca el punto medular de la autonomía municipal, que es el acceso a los recursos. Sin éstos, la autonomía es letra muerta. Y ya que los municipios contarían con recursos suficientes para su operación y la satisfacción de necesidades de la población vía la dotación de servicios de calidad, el rol de los estados y la Federación se modificaría para quedar sólo en apoyo a los ayuntamientos y en la ejecución de aquellas tareas que rebasen las nuevas capacidades municipales. En este aspecto, la reforma propuesta por el diputado Muñoz Ledo también brindaría la posibilidad de formalizar a nivel constitucional las asociaciones horizontales y regionales de municipios, quienes agrupados en bloque podrían ejercer un mayor peso en la toma de decisiones de las entidades federativas y la república en su conjunto.
Para La Laguna esta reforma representaría una gran oportunidad de desarrollo ya que los ayuntamientos de la zona metropolitana y, ¿por qué no?, de toda la región, estarían en la posibilidad de constituirse en una asociación interestatal jurídicamente reconocida que defienda los intereses comarcanos sin la necesidad de una injerencia estatal fragmentaria o federal coyuntural, como hasta ahora se ha venido dando. Los municipios laguneros tendrían no sólo mayor capacidad de autogestión en programas y obras, sino también de coordinación en los intereses locales y regionales, y así plantar cara de forma más sólida a los gobiernos estatales que toman decisiones de impacto local a 250 kilómetros de distancia de La Laguna. En caso de aplicarse y funcionar esta reforma, se volvería innecesario plantear la creación de un nuevo estado.
Pero con todos los beneficios que muestra esta iniciativa de reforma, se quedaría incompleta si no contempla el fortalecimiento de la división de poderes republicanos dentro de los municipios y la consolidación de los mecanismos internos de rendición de cuentas. Porque dar más poder a los alcaldes sin considerar los controles necesarios para vigilar ese poder es sumamente riesgoso. Si de lo que se trata en verdad es de reconocer en la ciudadanía la potestad de la soberanía a través del municipio, forzosamente deben contemplarse reformas que den a esa ciudadanía mayores facultades de supervisión sobre sus autoridades y de participación en la toma de decisiones de la vida pública local. De lo contrario, se corre el riesgo de crear verdaderas satrapías municipales.
A la par del debate de la iniciativa presentada por Porfirio Muñoz Ledo debe ponerse sobre la mesa de discusión la necesidad de reformar al municipio en tres vertientes, inicialmente: la autonomía del Cabildo respecto al alcalde con la votación popular directa de los regidores, es decir, acabar con el sufragio por planilla; la independencia del tribunal municipal para constituirlo como un poder separado del ejecutivo, cosa que hoy no se aplica, y, por último, la conformación de instituciones locales que operen con cierto grado de autonomía en áreas estratégicas como contraloría, planeación e investigación forense, sólo por mencionar algunas, de manera que queden ajenas a la contaminación de los procesos electorales y cambios de colores en el gobierno.
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