A la memoria de Rodolfo Tuirán, colega y amigo.
El talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador es su estrategia sobre seguridad. Están fallando y en lugar de reconocerlo para afinar, cambiar y calibrar sus piezas, se atrincheran en proclamas triunfalistas. El pasmo.
Algún día sabremos cuándo empezó a desmadejarse una estrategia que, durante la "operación contra el huachicol" auguraba grandes logros. Poco a poco la claridad de metas se convirtió en reacciones apresuradas, ocurrencias e improvisaciones, carentes de integralidad. También tiene huecos. Hoy me refiero a uno muy importante.
En la sesión del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, celebrada el 27 de agosto, se debatió si México tiene un andamiaje legal adecuado para enfrentar al crimen organizado. Un ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, un ex Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales y una Magistrada federal en funciones Taissia Cruz Parcero, confluyeron, desde diferentes perspectivas, en una negativa rotunda.
De ese diagnóstico salió una recomendación obvia: es necesario refundar el andamiaje jurídico con el cual se combata al crimen organizado. Ante la magnitud de la amenaza a la seguridad nacional, debería tener prioridad en la anunciada reforma judicial. Es una pieza indispensable. Viene al caso la experiencia estadounidense. Se pasaron 50 años combatiendo a sus mafias con leyes incompletas y contradictorias. Fue hasta 1970 que el Congreso aprobó las Leyes Rico, hechas a la medida para su tipo de delincuencia. A partir de ese momento, empezó un largo camino que culminó con el descabezamiento de las cinco familias neoyorquinas, en el famoso Macrojuicio de 1986.
En nuestro caso, tenemos décadas parchando sin ton ni son: Constitución, leyes y reglamentos. También hemos imitado acríticamente las experiencias de otros países. Es urgente una mexicanización de las normas, para adecuarlas a nuestra especificidad. Una legislación coherente debe tomar en cuenta nuestra vecindad con el principal mercado de drogas y proveedor de armas.
Tal vez por la complejidad del tema, han optado por evadirlo. Los invito a leer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP). Podrán constatar la escasa prioridad concedida a una reforma de la legalidad. Su diagnóstico no reconoce la problemática señalada por Cossío, Sales y Taissia, entre otros. Para la ENSP, el marco jurídico es adecuado.
Una actitud similar se observa en el informe presidencial del domingo pasado. Reconoce carecer de "buenos resultados" en la "incidencia delictiva" pero ratifica su confianza de que "vamos a lograr pacificar a México". Su optimismo nace de haber cambiado las "medidas de guerra por una política integral de justicia, paz y seguridad ciudadana" y de la existencia de un "auténtico Estado de derecho". En otras palabras, la estrategia actual es la adecuada y no se toca.
Las cifras contradicen esta lectura optimista. Tomo, a manera de ejemplo, la Encuesta Mitofsky de agosto pasado. El presidente tiene un 62 por ciento de aprobación y 83 de cada 100 aplauden su "cercanía con la gente". Sin embargo, sólo el 17 por ciento considera que está haciendo lo debido para "que la paz regrese a nuestro país". La desaprobación crecerá con cada masacre, violación o robo. Es el principal lastre de la 4T.
Ahora bien, sería un error priorizar el tema sólo por la popularidad del presidente. La obligación primordial de un Estado es garantizar la seguridad ciudadana. La estrategia de seguridad necesita revisarse con urgencia y refundarse sobre una visión integral y coherente, que incluya una reformulación del marco jurídico. Por ahora solo tenemos un gabinete de seguridad pasmado.
@sergioaguayo
Colaboraron: Mónica Gabriela Maldonado Díaz y Anuar I. Ortega Galindo.