Entre tanto rumor mediático pasó casi desapercibido que el Congreso Estatal de Veracruz -motivado por razones partidistas e ideológicas- destituyó al Fiscal General del Estado Jorge Winckler. Este hecho atenta contra la independencia de la procuración de justicia, vulnera la reforma constitucional del sistema de justicia y debilita al Estado de Derecho en todo nuestro país.
Desde el inicio de su mandato, el gobernador veracruzano Cuitláhuac García, fue explícito acerca de su rechazo al Fiscal General del Estado y con el apoyo de un Congreso Estatal, en el que su partido tiene la mayoría, intentó hacerse del control de la institución. Lo que hace cinco meses no logró, a través de un tecnicismo se pudo, aprovechando un contexto adverso, los trágicos eventos de Coatzacoalcos, donde 31 personas perdieron la vida.
Esta destitución exhibe la difícil convivencia entre autoridades, la falta de institucionalidad entre las mismas, la debilidad de los controles y supervisiones y nos recuerda cómo, en nuestro país, se anteponen los intereses personales al bienestar de la comunidad. Tan sólo si analizamos el evento de Coatzacoalcos, podemos identificar las fallas que parten desde la incapacidad de la autoridad local, la Secretaria de Seguridad del Estado, la Fiscalía General y el Gobierno Federal y, que se traducen en la violación a los derechos de las víctimas y su revictimización, la incapacidad de construir inteligencia que permita prevenir futuras tragedias y rompa con las estructuras delincuenciales y de corrupción que permiten que la violencia se mantenga viva.
¿Era necesario destituir al Fiscal General para mejorar el sistema de procuración de justicia en el estado? ¡Absolutamente no! ¿Una vez que se ha puesto en marcha este proceso mejora la posibilidad de reducir la violencia en Veracruz? No habría por qué, si pensamos que el gobierno de Veracruz reconoció no contar con un plan o estrategia en materia de seguridad.
En el marco del proyecto: Por un México Seguro, que busca entender el desarrollo e implementación de las políticas de seguridad y justicia nacional y locales, en el ONC promovimos que los candidatos a la presidencia y las nueve gubernaturas que votamos el año pasado explicasen su proyecto de miras a la elección; lo impulsamos en la transición y luego como gobernantes. El gobernador García no contestó a ninguno de los cuestionarios en ninguna de las fases y su equipo nos respondió por escrito que esto obedecía a que no contaban con una estrategia ni elementos para poder explicar cuál era su plan.
La violencia en Veracruz no se podrá resolver si el gobierno local carece de estrategias y está dispuesto a violar las normas y erosionar la capacidad del Estado de combatir los delitos. Aquellas sociedades que han hecho avances en reducir ilegalidad, delitos y violencia cuentan con un sistema de procuración de justicia que exhibe independencia de las autoridades para investigar, de manera consistente a cualquier persona que viole la norma.
Con la destitución del Fiscal Winckler, el Gobierno de Veracruz, con el silencio/tolerancia del gobierno federal, las autoridades de nuestro país están en un juego peligroso, si la violencia se mantiene, no podrán más que reconocer su responsabilidad.
Desde el ONC lamentamos que en Veracruz los primeros obligados en respetar leyes e instituciones, es decir, las propias autoridades, sean las que vulneren el Estado de Derecho. Dada la ausencia de estrategias reiteramos nuestro ofrecimiento en apoyar al gobierno estatal nuestra experiencia y conocimiento para construir un plan que evite que Veracruz siga sumida en la violencia.
Twitter: @frarivasCoL