Extorsionadores

La jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que solo un 0.4 por ciento de los taxistas capitalinos participaron en las movilizaciones y bloqueos del 7 de octubre. Y tiene razón. Según la Secretaría de Movilidad, hay 102,110 concesiones para taxis libres y de sitio en la capital y solo unos 400 participaron en las acciones del lunes. Pero 400 vehículos colocados estratégicamente pueden paralizar la ciudad y hacer un enorme daño a los ciudadanos, especialmente cuando la autoridad anuncia previamente que no hará nada para impedirlo. Pero si eran tan pocos, ¿por qué el gobierno se sentó a negociar con ellos?

Siempre es un error negociar con un extorsionador. Peor aún es mandar el mensaje de que para conseguir una negociación con el gobierno primero hay que hacer daño a terceros. En cualquier país hay siempre razones para protestar; pero si quienes protestan dañando a la sociedad son premiados y reciben un trato especial, el gobierno genera un incentivo para hacer movilizaciones que dañen a terceros.

En México estas negociaciones se han convertido en una forma habitual de hacer política. El gobierno está siempre abrumado por agravios y exigencias, pero no hace caso a la mayoría de los agraviados. A los que sí presta atención es a quienes organizan marchas y protestas, y se concentra más en aquellos que más daño hacen. Esto ha generado una competencia malsana de los grupos de poder por ver quién lastima más a la sociedad. Los gobernantes siempre dicen que presentarán denuncias para castigar a los que hayan cometido delitos, pero ya sabemos que estas o no se presentan o no llevan a ninguna sanción.

Quizá haya alguna justificación de las quejas de los líderes de los taxistas porque las aplicaciones les están comiendo el negocio, pero no solo el de transporte sino el de ser gestores ante la autoridad. Los choferes se han venido cambiando sin problemas a las aplicaciones porque estas les dan más libertad, más seguridad y mejor ingreso. La operación de un taxi requiere de una excesiva serie de trámites así como el pago por una placa especial que, por lo menos antes de las aplicaciones, era muy elevado. Los servicios digitales han acabado con el negocio de las placas. Lo lógico buscar una cancha pareja, pero no subiendo los trámite para los conductores que usan aplicaciones, sino eliminando los que no sean absolutamente necesarios para los taxis y haciendo que estos adopten también tecnologías más avanzadas para mejorar el servicio a los consumidores.

El tema de fondo, sin embargo, no es lo que buscaban los líderes, sino que el gobierno haya permitido a un grupo de 400 taxistas hacer tanto daño a millones con absoluta impunidad. El que los líderes hayan ofrecido una disculpa a los ciudadanos a nadie ayuda. La política del gobierno, tanto el capitalino como el federal, de privilegiar las negociaciones con extorsionadores, y dejar todos los demás agravios de la sociedad a un lado, no solo es perjudicial, sino que multiplicará las agresiones a los ciudadanos.

Si el gobierno no se atreve a usar la fuerza pública para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos, lo menos que debe hacer es no dar un trato especial a las organizaciones que agreden a la sociedad. No hay incentivo más perverso que premiar a quienes atacan a los ciudadanos.

 TAMBI?N HOTELES

Los hoteles están sufriendo una situación similar a la de los taxis. Un hotel necesita hacer 170 trámites y un año de trabajo antes de empezar a operar, dice un hotelero a través de Twitter. Un lugar de Airbnb requiere de solo 45 minutos. Lo ideal, sin embargo, no es subir los trámites de Airbnb, sino reducir la carga que se impone a los hoteles.

Twitter: @SergioSarmiento