Daño moral y protección al honor: 'los patos a las escopetas'
El tiempo pasa y no llega el esclarecimiento de uno de los mayores fraudes cometidos en el norte de México. Me refiero al caso del mega-endeudamiento del Estado de Coahuila, que al igual que en muchos otros actos de corrupción cometidos en este país, nadie ha sido llamado a cuentas. Han sido ocho largos años los que han transcurrido, desde que fue ventilado este descomunal fraude.
Tristemente para los habitantes de Coahuila, su entidad es sinónimo de corrupción e impunidad tanto dentro como más allá de las fronteras de nuestra nación. La contratación irregular de créditos por 36 mil millones de pesos durante la administración de Humberto Moreira, aunado a un acto rastrero de la 58 legislatura local de mayoría priista, que "legalizó" la rapiña y condenó a generaciones de coahuilenses.
Sin embargo la injusticia no ha quedado ahí y por el contrario, hoy cuando soplan vientos de transformación, los culpables no solamente caminan libres sino además son beneficiarios de la misma impunidad con la que cometieron sus vilezas, mientras que las voces que señalan las atrocidades de una clase política corrupta, deben pagar por ejercer la libertad de expresión.
En ese mismo escenario de aberrantes contradicciones el periodista y académico Sergio Aguayo deberá pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como reposición de daño moral. Así lo ha determinado un juez federal que responsabiliza al informador de las acciones que el ex mandatario coahuilense le acusó.
La condena de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, argumenta que Aguayo causó daño moral al exhgobernador de Coahuila, a través de sus publicaciones en los diarios Reforma y el Siglo de Torreón, además de sus cuentas personales en redes sociales, en donde divulgó también esa información en afectación del patrimonio moral del mismo actor político.
La demanda de Moreira en contra de Sergio Aguayo llama particularmente la atención, pues es claramente una jugarreta absurda e inadecuada desde la óptica de algunos expertos, considerando el contenido de las opiniones emitidas por el periodista demandado, quien no ha sido el único que ha publicado en distintos medios información referente al caso, incluso críticas más agudas y comprometedoras, vinculando al exmandatario con delitos todavía más serios.
En México, donde el ejercicio del periodismo ha sido señalado por organismos internacionales como una profesión altamente peligrosa, preocupa ahora una sentencia como ésta, pues se sienta un precedente peligrosísimo para la libertad de expresión, lo que debería alertar no solamente al gremio sino a la sociedad en su conjunto.
La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha expresado ya su preocupación por la sentencia en contra del también académico. El representante de la ONU en este país, Jan Jarab, dijo que además de que pueda afectarse seriamente la libre expresión, la llamada "protección del honor" de destacadas personalidades, contrasta con la falta de respeto hacia la presunción de inocencia en general, cuando las autoridades hacen afirmaciones que estigmatizan o criminalizan a personas que no pertenecen a la élite.
Otra grave consecuencia, en particular por el monto descomunal que se le ordena pagar al reconocido periodista, Sergio Aguayo, será en su momento la reacción cautelosa de la prensa mexicana ante lo que a todas luces, puede observarse como una muestra de intimidación, que la llevará a la autocensura.
EN LA BALANZA.- La sentencia al periodista Sergio Aguayo debe encender las antenas de quienes dedicamos nuestro tiempo laboral al ejercicio del periodismo; todos, independientes y agremiados a organizaciones de comunicadores, debemos asesorarnos e investigar la legislación civil vigente en materia de protección al derecho al honor y reputación en línea con los estándares internacionales, los cuales difieren abismalmente con la de nuestro primitivo país. En nuestros días, cualquiera que emita o publique una opinión crítica, incluso cualquier nota informativa bien fundamentada sobre un político o personaje sujeto al escrutinio público, podría costarle muy caro.
CERROS SECOS Y PELONES... Continúa trabado el proyecto de Chemours en la Comarca Lagunera de Durango. La asociación civil Pro Defensa del Ciudadano y habitantes de las comunidades cercanas a lo que sería la planta, se reunieron con funcionarios del ayuntamiento de Gómez Palacio para su preocupación por que se renueve o amplíe el permiso para la construcción de esta productora de cianuro de sodio.
Twitter: @Vic_Montenegro