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Seguridad y justicia

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YAMIL DARWICH

Según estadísticas oficiales, sólo cinco de cada cien delitos son perseguidos y castigados; otras evaluaciones hacen ver extremadamente optimistas esos datos. Lo cierto: solamente la mejor seguridad nacional y la justicia que seamos capaces de impartir nos garantizarán un mejor país. Por tal motivo, el Gobierno Federal, encabezado por Felipe Calderón, ha lanzado una propuesta de Reforma al Sistema de Seguridad Pública; la iniciativa fue presentada a los partidos políticos y aprobada por el Poder Legislativo en el mes de marzo del dos mil ocho y deberá ser igualmente aprobada por los congresos locales -al menos dieciséis de ellos- para que entre en vigor. Las trabas a la justicia son grandes y la criminalidad organizada no sólo se ha incrementado, además, ha perfeccionado sus sistemas de operación, "contratando" personal con altos niveles de profesionalización que aplican métodos y procedimientos modernos, haciéndola más difícil de combatir. Sume usted el gran potencial económico que posee, que la posiciona en franca ventaja competitiva en recursos humanos, armamento y paga, con enorme oportunidad para corromper y extender sus dominios. El proceso paulatino, rápido y constante del avance de la corrupción, ha estado presente en las últimas decenas de años y ahora se manifiesta con altos niveles de corrupción, inseguridad e impunidad. Es un círculo vicioso que se fortalece en el proceso y que debemos romper desde alguno de sus puntos, hasta transformarlo en uno contrario, virtuoso, donde la ley y el orden garanticen la seguridad pública y promuevan mejor ambiente para la productividad nacional, hasta llevarnos a niveles de mayor calidad de vida. El reto es grande y necesitaremos años para observar mejoras sensibles; lo peor es no empezar a combatir el fenómeno y que continúe penetrando a los sistemas político, social y económico de México. Ese círculo vicioso ha provocado otro, igualmente negativo, consecuencia de la impunidad, inseguridad y corrupción: la desconfianza del ciudadano ante las instituciones, consecuentemente su poca o nula cooperación. Diferentes evaluaciones han ubicado en situación vergonzosa a las distintas dependencias de servicio público, sean municipales, estatales o federales; al grupo se han unido los servicios paraestatales, incluidos los más fuertes como CFE y Pemex; tampoco han quedado fuera los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, llegando el desprestigio hasta la misma Suprema Corte de Justicia, que tradicionalmente fue altamente respetada. Por otra parte, las organizaciones religiosas han empañado considerablemente su imagen, perdiendo mucha de su calidad moral y el Ejército Mexicano sufre de deslealtades y recibe el golpeteo de las infiltraciones. El escurrimiento de la corrupción llegó hasta la iniciativa privada y no son pocas las empresas que utilizan prácticas ilegales para alcanzar mejores rendimientos, incluida la evasión fiscal. Los costos generados por el sostenimiento de la enorme e ineficiente burocracia, intentando cubrir posibles fallas administrativas, abusos y fugas de dinero por baja productividad o deshonestidad de las personas, es tema aparte. Algunos medios han llegado a denunciar que en sus investigaciones pudieron calcular hasta un treinta y cinco por ciento el sobrecosto para la productividad nacional por causas de fraude, robo, abuso y desconfianza. La seguridad requiere de trabajos efectivos y coordinados; hoy día, está sustentada en aparatos viciados y cuerpos policiacos ineficientes por mala preparación y pésimo equipamiento; la corrupción es lastre importante, difícil de atacar al considerar la baja educación y sueldos insuficientes. En el tema de la justicia, la reforma incluye propósitos tales como: garantizar que toda persona tenga la seguridad de un juicio justo, empezando por invertir el acostumbrado y que el acusado sea inocente hasta demostrarle lo contrario; se creará la figura de "Juez de Control", que podrá resolver inmediatamente las solicitudes que le haga el Ministerio Público; en vez de averiguaciones en los procesos penales, se hará una investigación; se sustituirá el Auto de Formal Prisión por Auto de Vinculación a Proceso, que abre la posibilidad al acusado de enfrentarlo en libertad; la carga de la prueba recaerá en el M.P.; y se anulará aquella que provenga de violación de los derechos fundamentales. Importantemente: todo inculpado tendrá derecho a ser defendido por un abogado titulado. Las audiencias serán públicas y no podrán efectuarse sin la presencia de las partes; será continua, hasta llegar a la sentencia, aunque tarde días o semanas. La Seguridad Pública contará con una Ley Nacional y cada Estado deberá elaborar la propia, con reglas comunes. Los policías estarán certificados y en casos extraordinarios, la identificación de testigos podrá reservarse y el juez decidirá si el caso debe ventilarse a puerta cerrada. También se reorganizará el sistema penitenciario con cárceles especializadas para presos de alta peligrosidad, entre otras cosas. Esperemos que esta reforma permita avanzar en el ataque a la ilegalidad y ayude a sentar nuevas bases para la recomposición de la seguridad y justicia mexicana. ¿Qué le parece?

Malbéne publicó un artículo en el número correspondiente a abril de la revista "Prière", editada por el Seminario Teológico de Lyon. En su texto el discutido autor escribe:

"... No digo: 'Dios eterno'. Yo digo: 'Cristo ahora'. Lo primero me lleva a la teología, a la abstracción. Lo otro me conduce al bien actual, a la obra que da vida a la fe y la hace fructificar entre los hombres. No es que la fe sin obras esté muerta: es que la fe sin obras no es verdadera fe; es vana y estéril creación mental...". Y concluye: "El problema de las iglesias cristianas es que han tenido demasiados teólogos y muy pocos cristianos...".

Expresiones como éstas de Malbéne suelen crear mucha polémica. Pero él ha dicho: "No soy un polemista. Soy sólo un hombre de religión que para estar cerca de Dios se acerca a sus criaturas".

¡Hasta mañana!...

Escrito en: seguridad, justicia, niveles, productividad

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