Anuel Mondragón y José Luis Solís, el comandante Espartaco, junto con un contingente de unos tres mil elementos de la Policía Federal demostraron el 13 de septiembre que se puede recuperar un espacio público en un operativo ordenado y legal. Es cierto que hubo lesionados, la mayoría policías, pero al final no sucedió el baño de sangre que pronosticaba el jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Los más de 30 detenidos, de hecho, no eran maestros de la CNTE, sino activistas de los grupos que se denominan anarquistas y aprovechan los conflictos para realizar actos de vandalismo.
No faltaron las críticas y cuestionamientos. Andrés Manuel López Obrador señaló en un mensaje de Twitter: "EPN se equivocó, optó por la fuerza. La violencia no resuelve problemas, los agrava. Escuchar a los maestros era mejor que la prepotencia." Manuel Bartlett expresó su "repudio absoluto a la violencia del Estado en contra de quienes protestan y se manifiestan legítimamente en defensa de sus derechos". Gerardo Fernández Noroña advirtió: "No debemos tolerar este atropello mayúsculo. Hay que responder. Hoy más que nunca, la desobediencia civil es el camino." El sábado 14 de septiembre, de hecho, Fernández Noroña encabezó un mitin de protesta "por la represión al magisterio".
La verdad es que la acción policial parecía necesaria desde hace mucho. Pocos cuestionan las protestas en una ciudad como México que tiene más de mil manifestaciones al año. Hace ya mucho tiempo, sin embargo, que las acciones de la CNTE han pasado de ser protestas para convertirse en abiertas agresiones a los ciudadanos. La pasividad de las autoridades capitalinas y federales hasta el 13 de septiembre ha sido un agravio adicional para una sociedad tomada como rehén.
No me parece suficiente que las fuerzas de seguridad se utilicen sólo para proteger Los Pinos o para liberar el Zócalo para el grito o el desfile de independencia. Los ciudadanos comunes y corrientes, agredidos de manera sistemática por la CNTE, valemos tanto como el presidente o como los que quieren participar de las ceremonias por la independencia.
¿Significa esto aprobar la represión de quienes se manifiestan legítimamente por sus derechos? Por supuesto que no. Es muy importante que como sociedad mantengamos la posibilidad de protestar ante la autoridad. Pero bloquear durante 10 horas Reforma e Insurgentes no es una protesta: es una agresión en contra de quienes tienen que trabajar o circular.
Los cuestionamientos al gobierno federal por el uso de la fuerza pública para desalojar el Zócalo son hipócritas. El gobierno del Distrito Federal había ofrecido ya desde hace tiempo la explanada del Monumento a la Revolución (recientemente remodelado a un costo multimillonario para los contribuyentes) para que la CNTE continuara su plantón en los días de las fiestas patrias. El día 13 la mayoría de los maestros se trasladó al Monumento en acatamiento a ese acuerdo. Sólo una minoría quedó en el Zócalo, que se nutrió con los grupos radicales capitalinos que buscan una explosión de violencia para lograr un cambio revolucionario de régimen.
La sociedad no tiene por qué permitir las agresiones a terceros detrás del disfraz de las protestas. Los países democráticos permiten las protestas, pero las acotan para impedir agresiones. Los países autoritarios que nuestros manifestantes consideran ejemplares, como Cuba o Corea del norte, simplemente no las permiten. Yo estoy convencido de que debemos seguir el ejemplo de los países democráticos, lo cual significa permitir las protestas pero no las agresiones.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está anunciado que tomará nuevamente el Zócalo a partir de este 17 de septiembre. Sería una forma de mostrar su fuerza después del desalojo. El daño al comercio del centro histórico de la ciudad de México, empero, sería ya irreparable.
Twitter: @sergiosarmient4
"La agresión sin oposición se convierte en una enfermedad contagiosa."
Jimmy Carter