El presidente Juan Manuel Santos anunció que impugnará una reciente decisión de un tribunal que le ordenó restituir en el cargo al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante de Colombia.
Santos no indicó cuándo presentaría la apelación contra el fallo, que se espera también sea impugnado en la jornada por la Procuraduría General.
A la pregunta de los periodistas de si su gobierno iba a impugnar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el jefe de Estado respondió: "Sí..., porque es una acción que está poniendo en tela de juicio una acción que hizo el gobierno; entonces es obvio (que habrá que) impugnarla".
El mandatario no dio más detalles al hablar desde la ciudad de Medellín, a 250 kilómetros al noroeste del país.
El pasado 22 de abril, el Tribunal Superior le ordenó a Santos restituir a Petro en el cargo con el argumento de que unas medidas cautelares proferidas a mediados de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del alcalde eran de obligatorio cumplimiento para el gobierno colombiano.
Un día después, Santos firmó el decreto en que disponía el retorno de Petro al cargo y éste reasumió sus funciones en una inédita voltereta judicial en la Alcaldía de Bogotá, la más importante del país toda vez que es la más grande y de allí que su gobernante sea el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia después de la presidencia de la República.
La trama de demandas y contrademandas comenzó el diciembre cuando el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó a Petro por faltas administrativas --como violar normas de la libre competencia y empresa-- al cambiar por decreto a fines de 2012 el sistema de recolección de basuras de la ciudad.
Petro, de 54 años y un ex senador y ex rebelde de la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), ha negado los cargos de la Procuraduría.
Después de un sinfín de apelaciones, Santos ejecutó la destitución del alcalde el 19 de marzo pasado al asegurar que no estaba obligado a acoger las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de Petro, quien había recurrido a esa instancia en diciembre solicitando la suspensión de su salida del cargo porque violaba sus derechos políticos.
En la tarde del viernes, la oficina de prensa de la Procuraduría informó que la entidad había radicado ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el documento mediante el cual se impugnaba el fallo del Tribunal de Bogotá que favoreció a Petro.
Previamente el procurador general Alejandro Ordóñez había dicho que su apelación se basará en ratificar las facultades que tiene su oficina y que están consagradas en la Constitución de 1991 para sancionar a funcionarios, incluidos los de elección popular.
El Procurador sostuvo a la radio Caracol que el presidente actuó con premura al restituir a Petro en el cargo y por eso, en su concepto, "hoy tenemos un alcalde en uso de sus funciones, (pero) destituido e inhabilitado (por la Procuraduría), lo cual es abiertamente irregular".
Con base en el caso Petro, reveló Ordóñez, decenas de funcionarios elegidos popularmente ya han presentado tutelas o demandas para que queden sin piso las sanciones que les impuso la Procuraduría.
La Corte Suprema tiene 20 días hábiles para responder la impugnación tanto del gobierno como de la Procuraduría. Se calcula entonces que con esos términos el fallo se conocerá en un par de meses.
Tanto la destitución como la restitución en el cargo de Petro fueron decisiones tomadas por Santos a escasos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 25 de mayo. Santos, un economista de 62 años, aspira a ser reelegido por cuatro años más como presidente de Colombia.