Deben proceder contra la dueña de PACS y los que resulten
No debe dudar el gobierno del estado en actuar con todo el peso de la ley en contra de "quien la deba", en este caso la propietaria de la empresa PACS, presuntamente vinculada con exfuncionarios de la Secretaría de Salud en la firma de contratos ilegales a través de los cuales obtuvo ganancias millonarias durante la pasada administración estatal. Como siempre se supo, esta empresa tuvo trato preferencial desde hace dos sexenios, por lo que el desfalco en agravio de la sociedad de Durango debe ser multimillonario.
Por ello, el anuncio de la Consejería Jurídica del gobierno del estado sobre la obtención de dos órdenes de aprehensión en contra del extitular de la Secretaría de Salud y directora financiera, Eduardo Díaz Juárez y María de Lourdes Eugenia Díaz Herrera, respectivamente, hizo resurgir la demanda de justicia contra todos los que vaciaron las arcas públicas. Se les señala como presuntos responsables de los delitos de Uso indebido de Atribuciones y Facultades, al desviar más de 53 millones de pesos destinados al sector salud. Además, se les responsabiliza de colusión con la dueña de PACS, al celebrar un contrato de adjudicación directa, por tres años, para la compra de equipo y puesta en marcha del sistema electrónico de expedientes clínicos en el Hospital 450, por casi 90 millones de pesos.
Diana Ocón fue la proveedora de todo el equipo de cómputo durante las dos administraciones estatales anteriores, por lo que actualmente PACS es la principal empresa del ramo en el estado. No sólo se encargó de la provisión de estos equipos en la Secretaría de Salud, sino en toda la estructura de gobierno estatal, incluso municipal, durante ese tiempo.
Y no sólo obtuvo amplios beneficios económicos, sino políticos, ya que recibió todo el apoyo oficial para representar a las mujeres empresarias de Durango y después al Consejo Coordinador Empresarial. Llegó a tanto el favoritismo del régimen anterior hacia la empresaria que, incluso, le obsequió terrenos del Parque Sahuatoba para la supuesta construcción de la sede del CCE, pese a la prohibición legal vigente, porque en estos espacios no debe construirse obra alguna, de acuerdo al Plan de Reordenamiento Urbano. Por fortuna, la actual mesa directiva del CCE renunció a esas donaciones y ese plan quedó en nada.
Diana Ocón pretendió extender el buen trato hacia su empresa y personas por seis años más y por eso encabezó el Comité de Financiamiento de la campaña de Esteban Villegas Villarreal, excandidato del PRI a esta gubernatura el año pasado. De allí, a Ocón se le consideró como posible candidata a diputada local o para formar parte del cuerpo de regidores de la planilla priísta.
Así las cosas, un error cometería el gobierno estatal si no procede legalmente contra cualquier empresario que haya servido a intereses turbios para saquear Durango. Empresarios de la construcción, por ejemplo, que también fueron muy favorecidos por los anteriores gobernantes.
De paso, en la Secretaría de Salud la investigación no debe quedar en los dos perseguidos por la ley, Eduardo Díaz Juárez y Lourdes Díaz Herrera, pues hay otros implicados en la sustracción de medicamentos, en los desvíos de recursos para campañas del Partido Revolucionario Institucional, la adjudicación de plazas y una serie de irregularidades que revelan el alto nivel de corrupción que fue tolerada en Durango.
Por ejemplo, hubo decesos en el Hospital Materno Infantil por falta de medicamentos básicos, según trabajadores de esa institución y cuando llegaban los vehículos con la provisión de medicinas, eran descargados sólo para que otro vehículo llevara esa misma provisión hacia lugares desconocidos. Es decir, los medicamentos no llegaban a los Hospitales del Sector Salud y los médicos tenían que trabajar "casi con las uñas"; no se les dio mantenimiento a los equipos hospitalarios y algunos de plano dejaron de funcionar, lo cualquier implicó pérdidas millonarias, entre otras muestras de negligencia criminal. No debe quedar impune ni cerrado este caso, pues. No es un favor del gobierno hacia la sociedad, sino el cumplimiento cabal de la palabra empeñada.
RINDIÓ AYER SU primer informe anual el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Esteban Calderón. Llamó la atención la presencia "non grata" de Apolonio Betancourt Ruiz, quien todavía funge como magistrado de ese cuerpo colegiado, lo cual constituye un insulto a la ciudadanía de Durango... EL GOBERNADOR JOSÉ Aispuro Torres reiteró ayer su compromiso de procurar justicia en su administración, para impulsar el desarrollo armónico del estado. Dijo que, junto a los tres poderes, debe trabajarse en la recuperación de la confianza en las instituciones a través de la justicia... LAS PRESAS PEÑA del Águila y Bayacora comenzaron a derramarse ayer, tras registrar un llenado superior al 90 por ciento. Ninguna de las dos representa riesgo para la población civil hasta el momento, según autoridades de la Comisión Nacional del Agua.
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