El dilema del chayote
Si abrimos cualquier periódico o revista, vemos un canal de televisión o escuchamos una estación, es fácil darnos cuenta que el Gobierno utiliza gran cantidad de recursos públicos para divulgar sus actividades, hecho que por sí mismo no es malo, pero cuando se utiliza para premiar o castigar la línea editorial de cierto medio de comunicación, significa coartar la libertad de expresión, esto sin mencionar cuando un servidor público utiliza esta propaganda para autopromocionarse.
Si no fuera por la propaganda gubernamental, muy difícilmente nos enteraríamos, por ejemplo, de si se construye una nueva carretera, hospital, escuela, o si se rehabilita algún parque. Pero, ¿bajo qué criterios un gobierno elige a qué medio contratar?, ¿bajo qué condiciones o compromisos?
Ante los señalamientos de un periódico estadounidense de que el gobierno mexicano utiliza los anuncios publicitarios como una herramienta para controlar el contenido periodístico, se pone en la palestra pública la importancia de regular apropiadamente la contratación de propaganda gubernamental. Lo anterior, reafirma la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se pronunció con un fallo histórico, al obligar al Congreso de la Unión a legislar en la materia, antes del 30 de abril de este año.
La Suprema Corte de Justicia consideró que no contar con la reglamentación del artículo 134 constitucional permite el uso arbitrario y discrecional de la publicidad oficial, vulnerando la libertad de expresión, de prensa y de información de los ciudadanos. Más allá del interesante debate de la separación de poderes, y que la Suprema Corte de Justicia asume competencias que podría no corresponderle, es indudable que el Congreso de la Unión está en omisión desde 2014, cuando se obligó a expedir la ley reglamentaria de propaganda gubernamental.
Nuestra Constitución ya da líneas generales al obligar a todos los órdenes de Gobierno a que su propaganda tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y por supuesto, no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
De ahí la importancia de que nuestros legisladores federales puedan dar un marco jurídico más detallado, por ejemplo indicar bajo reglas claras que medios de comunicación pueden aspirar a tener propaganda gubernamental. Es triste encontrarse con medios de comunicación que dependen prácticamente de los convenios gubernamentales de propaganda oficial, que no se esfuerzan por generar un auténtico periodismo crítico.
En muchos lugares, en donde la publicidad comercial es escasa, los medios de comunicación, que al final de cuentas son negocios, se encuentran en el dilema de firmar convenios, que dependen del capricho del gobernante en turno, asegurando su viabilidad financiera, pero poniendo en peligro su libertad editorial.
En la era de las redes sociales está situación se manifiesta más claramente, en donde la información "crítica" fluye a través de ellas, y la "oficial" a través de los medios tradicionales. Indudablemente, los medios de comunicación libres son pilares de una democracia consolidada, ojalá que en este sentido, los legisladores federales puedan brindar esta nueva ley antes del 30 de abril.
Twitter: @omarortegasoria