Piden declarar inconstitucional LSI
El colectivo #SeguridadSinGuerra urgió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a salvaguardar la Constitución y a "detener la militarización de la Seguridad Pública", con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Compuesto por más de un centenar de organizaciones civiles, familiares de víctimas y académicos, el colectivo consideró que la SCJN "tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública, a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional".
Al afirmar que la permanencia del Ejército en las calles en los últimos 12 años "ha resultado un fracaso" en el combate a la violencia, los activistas sostuvieron que la LSI promulgada por Enrique Peña Nieto "agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país".
En un comunicado, el colectivo resaltó que hasta ahora no hay pruebas fehacientes de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen haya disminuido los índices de delitos de alto impacto. Por el contrario, "se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes".
Las organizaciones alertaron sobre los "conceptos vagos e imprecisos", además de que "faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia reales".
Para los activistas, la LSI "es un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia".
Ante esa amenaza, la LSI se ha convertido en la legislación más impugnada en los últimos tiempos, al ser objeto de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo por instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las minorías parlamentarias de las cámaras de Diputados y Senadores, el gobierno de Chihuahua, las comisiones estatales de derechos humanos, así como, al menos tres municipios del Estado de México (Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán), tres de Yucatán (Oxkutczab, Tepekan y Hoctun), tres de Puebla (Ahuatacán, San Pedro Cholula y Tepeyahualco) y uno de Chihuahua (Hidalgo del Parral).
A estas acciones se suma un amparo interpuesto por personas defensoras de derechos humanos y periodistas contra dicha Ley, al considerar que "su aplicación obstaculiza e inhibe" su labor al generar condiciones adversas a su seguridad.
Además, explicaron que su oposición a la LSI radica en que "contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y trasgreden el orden federal", que la hacen incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales firmados por México.