El uso indebido de las instituciones
Durante las semana pasada pudimos captar en su verdadera dimensión la probabilidad que el partido que nos gobierna pierda la elección presidencial el próximo primero de julio. A raíz de la investigación de la Procuraduría General de La República de una transacción inmobiliaria que realizó el candidato Ricardo Anaya, y que sospechosamente involucró dinero que fue transferido a través de varios paraísos fiscales, se han desatado una serie de acusaciones entre el gobierno y la coalición electoral liderada por el PAN.
Queda la sensación de que el gobierno está echando mano de las instituciones para sembrar entre el electorado la idea de que el candidato que hasta ahora va en segundo lugar es sospechoso de actos de corrupción, en este caso representada por lavado de dinero.
Utilizar a las instituciones con fines distintos para los que fueron creados es algo común en democracias que no están consolidadas, o que de plano se consideran cercanas a dictaduras, ya sea de izquierda o derecha; el común denominador es que utilizan a las instituciones del estado para perpetuarse en el poder.
Sabemos de antemano que las campañas políticas, sobre todo las presidenciales, son especialmente atractivas para llevar a cabo campañas negras en contra de los distintos candidatos. Estas campañas tratan de hacer que el electorado perciba de manera negativa a cierto candidato magnificando una conducta o circunstancia. Este tipo de ataques son entendibles y, si exponen hechos que se pueden comprobar, nos den la oportunidad de contrastar las conductos o circunstancias de los que aspiran a gobernarnos.
Sin embargo, esta no es una campaña negra solamente, se trata de una investigación penal que involucra a varios de los que intervinieron en esa transacción. Si era una operación fraudulenta, esta se debió detectado y evitado desde el momento que fue realizada, no meses o años después.
En un mundo digital e interconectado, es relativamente fácil saber de dónde provienen los recursos para hacer transacciones que involucran millones de dólares; los datos a disposición de las áreas de inteligencia financiera prácticamente en tiempo real.
La operación inmobiliaria del ahora candidato ciertamente genera muchas preguntas por la forma en que se movieron a través de varios paraísos fiscales los recursos para adquirirla, sin embargo, esas preguntas se debieron haber hecho al comprador antes de la adquisición de la propiedad.
A nadie en la élite política, de cualquier partido, le conviene modificar los requisitos para adquirir inmuebles sin comprobar el origen de los ingresos. La gran mayoría de esa élite se ha beneficiado con operaciones inmobiliarias y con la posibilidad de enviar dinero a paraísos fiscales.
Es por eso que extraña que la investigación sobre este caso vaya avanzando rápidamente y otras, especialmente la del caso Odebrecht, que involucra cuestiones mucho más delicadas, no avance con la misma prontitud.
PD: Al Dr. Sergio B. de la Parra Juambelz, quién durante una década fue el Director Gerente de El Siglo de Durango, mi profundo agradecimiento por haberme abierto las puertas del periódico más importante de nuestro estado. Ahora que deja la dirección del periódico, le deseo la mejor de las suertes en su nuevo encargo en la Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila.
Twitter: @jesusmenav