Esperan justicia y protección

Con dos solicitudes de Alerta de Violencia de Género que evidencian la falta de garantías para la seguridad de las mujeres y niñas, desigualdades y el poco o nulo acceso a la justicia, entre otras cosas, que en conjunto vulneran sus Derechos Humanos, es como llegan las mujeres laguneras a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La Alerta de Género es definida por la Conavim como "un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.

Está en el artículo 22 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el caso de Coahuila, la solicitud se hizo para Torreón por parte de organizaciones de la sociedad civil, integradas a la Red de Mujeres de La Laguna, mientras que en el caso de Durango, se hizo para toda la entidad por parte de tres asociaciones civiles: Fundación para la promoción, el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres A.C; Sí hay mujeres en Durango, A.C. y Nosotras, nosotros, Durango, A.C.

Como parte del proceso se realiza el diagnóstico y con él recomendaciones para evitar la declaratoria de Alerta de Género, que no es otra cosa que obligar a las autoridades a cumplir con lo señalado por Conavim y que en este caso lo presentamos de manera resumida en la infografía.

Los diagnósticos fueron elaborados por grupos de expertos y expertas que analizaron el contexto del Torreón y Durango y arrojaron desde el incumplimiento de las normas y las leyes establecidas para atender a mujeres violentadas, su acceso a la justicia, así como prevenir la violencia, hasta situaciones de trata y desaparición.

El panorama más adverso lo enfrentan las mujeres duranguenses, donde el reto es mayúsculo para cumplir con las 13 recomendaciones dadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para evitar la declaratoria de Alerta, a diferencia de Torreón donde las 10 recomendaciones dadas tienen mayores oportunidades de solventarse.

DURANGO

En el caso de Durango, en donde la Alerta de Violencia de Género se solicitó para toda la entidad, uno de los hallazgos que el grupo de trabajo destaca es la situación de trata, pues las expertas y expertos que visitaron Tlahualilo se les informó de manera textual, "existe una cantina en donde prostituyen a niñas de 14 años [de edad] a las cuales se les paga con drogas y que las autoridades lo saben y no realizan acciones para evitarlo".

El grupo acudió ante el agente del Ministerio Público adscrito al Municipio quien refirió que "sabe que existen lugares donde se les permite beber a niñas y niños de 14 años, por lo que ha organizado revisiones a cantinas y bares y en estos lugares ya se cuidan mucho". Sin embargo, no existen denuncias sobre este delito en la localidad.

El documento cita el Diagnóstico sobre la situación y causas de la trata de personas y delitos de explotación en Durango, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Tlahualilo en donde se identificaron "por lo menos tres lugares donde presuntamente existe explotación sexual y uno donde presuntamente existe explotación laboral".

En dicho Diagnóstico se identificó que los principales tipos de trata de personas que pudieran propiciarse en Durango son la trata de personas con fines de explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación laboral; los municipios de mayor situación de riesgo para ello son Durango, Tlahualilo, San Dimas, Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro.

También destaca el lugar que ha ocupado la entidad en defunciones de mujeres con presunción de homicidio, pues en 2010 la entidad se situó en segundo lugar a nivel nacional, mientras que en 2011 y 2012 se colocó en la quinta posición; 2013 en la sexta; 2014 en el 15; 2015 en el último lugar y en 2016 en el sitio 16.

El Banco Nacional de Datos en donde las autoridades deben reportar los casos que registran de los diferentes tipos de violencia contra la mujer, tampoco fue correctamente alimentado y a nivel estatal, al igual que en Coahuila, se carece de la información estadística, así como del Banco Estatal de Datos.

EL CASO TORREÓN

En el diagnóstico, Torreón reportó desapariciones forzadas de niñas, adolescentes y mujeres entre 2013 y 2017. El gobierno del Estado reporta que se cometió un rapto, siete secuestros, 26 casos de desaparición y siete de tortura.

Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportaban de 1985 a 2015, 306 denuncias por desapariciones de mujeres; de las cuales 85 se concentran en Torreón. No obstante, el grupo señaló que "el estado no cuenta con un protocolo de investigación con perspectiva de género para la investigación de delitos como violación sexual y desaparición de mujeres, por lo que se considera necesaria la elaboración de protocolos de investigación aplicables a todos los delitos cometidos contra mujeres por razones de género".

 SALUD

En materia de salud el estudio arrojó el incumplimiento en la NOM-046 la cual establece dos obligaciones prioritarias a las y los prestadores de servicios de salud: la detección de la violencia y la notificación de estos casos al MP.

"El grupo de trabajo considera que el efectivo cumplimiento de estas obligaciones permite poner en marcha mecanismos dirigidos a la investigación y sanción de la violencia, así como identificar los tipos de violencia y ámbitos en los que ésta tiene lugar con la finalidad de diseñar acciones para su prevención."

El estudio detectó también un alto número de embarazo adolescente. En Torreón se han registrado 5,559 embarazos en menores de 18 años, en los últimos cinco años, lo que representa un promedio anual de 1,112 nacimientos.

"La maternidad en edades tempranas podría significar un obstáculo al sano desarrollo de niñas y adolescentes, ya que comúnmente implica el fin de la escolarización y el truncamiento de sus oportunidades de desarrollo personal. Esta situación es particularmente sensible cuando es resultado de una violación sexual, o bien, de una escasa o poco efectiva educación sexual", señala el documento.

 CAPACITACIÓN

Con respecto al acceso a la justicia señala falta de información de los casos de homicidio y feminicidio, así como la posible dilación o inactividad de las y los agentes del Ministerio Público, "pues se señalan que los expedientes tienen varios años en integración, sin que haya logrado la judicialización correspondiente".

El grupo hizo un llamado al gobierno del Estado para agotar todas las líneas de investigación y analizar los casos con perspectiva de género como lo marcan los protocolos a nivel nacional e internacional "para garantizar a las víctimas y a sus familiares su derecho de acceso a la justicia y a cumplir su obligación de investigar". Además menciona que el personal operativo encargado de investigar delitos que atentan contra la vida e integridad de las mujeres que dice conocer los protocolos de actuación, pero no los aplica o no reconoce su utilidad, no entiende el tipo penal de feminicidio y tampoco hace la conducción de la investigación con perspectiva de género.

"Preocupa principalmente que algunos casos narrados por el funcionario eran hechos donde a pesar de que el grupo advertía rasgos de misoginia del victimario hacia la víctima, al no ser identificados por el procurador o impartidor de justicia, se reclasificaban los delitos a lesiones en lugar de tentativa de feminicidio".

Con respecto a las capacitaciones para aplicar la perspectiva de género en las diferentes áreas del Estado y el Municipio, no se aportó evidencias de las evaluaciones que muestren los resultados.

Por ende encontraron casos de servidoras y servidores públicos que mostraron "desconocimiento y falta de sensibilidad respecto a los derechos de las mujeres, así como de los tipos de violencia que pueden ejercerse contra ella"

"El grupo de trabajo considera que no todas las autoridades del estado han cumplido con su deber de respetar los Derechos Humanos de las mujeres que se encuentran bajo su jurisdicción".

En el caso de tortura de Mónica Esparza, expuesto por las asociaciones que solicitaron la Alerta, se informó que fue agredida y violada por un grupo de policías de Torreón, ante la presencia de elementos del Ejército y que este caso lo investiga Amnistía Internacional. Ante esto el grupo pidió al Estado fortalecer las acciones de seguimiento del expediente en lo relativo a la responsabilidad de servidoras y servidores públicos por los actos de tortura.

Además, en los casos de posibles feminicidios cuyas consecuencias las padecen los hijos e hijas de las víctimas, así como sus familias quienes son las que se responsabilizan de su educación y crianza, exhortó al Estado a diseñar estrategias para agilizar y facilitar los trámites para que las víctimas indirectas de los feminicidios puedan tener acceso a los servicios prestados por la CEEAV (Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas), para acceder a los fondos de asistencia y reparación que marca la ley, pues hasta el momento no han tenido acceso.

Cabe mencionar que en este sentido, también se hizo el llamado al Estado para la publicación del reglamento de la Ley de Víctimas, el cual facilitaría el proceso de reparación del daño.

 SIN DATOS

Dicen que lo que no se mide no existe. En el caso de Coahuila, la estadística de violencia contra la mujer generada por el Estado y el Municipio es escasa. La mayor parte de la información estadística concentrada en el diagnóstico, provenía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las estadísticas de mortalidad y los Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, también levantados por el Inegi.

El artículo 44 de la Ley General de Acceso, dispuso la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), para administrar la información procesada y proporcionada por las instancias encargadas de la atención, prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres, pero fue pobremente alimentado.

El documento señala que el escaso cumplimiento obedece a que los "datos dependen, en gran medida, del cumplimiento de la obligación de proporcionarlos por parte de las distintas instancias encargadas de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres".

Tampoco es posible acceder de manera pública a los datos de violencia que deberían estar contenidos en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a pesar de que viene establecido en los artículos 36 y 56 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado. Ni se puede acceder a la página del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos de Coahuila, que es la instancia responsable de integrarlo, según el Artículo 56 fracción XIII de la Ley de Acceso. Los datos tampoco están disponibles en portal electrónico de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y ni en el de la Secretaría de Gobierno.

 RESULTADOS NULOS

Con respecto a la capacitación con perspectiva de género realizada por el estado y los municipios, el grupo determinó que no se midió el impacto y en muchos de los casos no dio resultado.

"Las capacitaciones referidas por el estado no logran verse reflejadas en el desempeño de las autoridades, principalmente de las encargadas de la procuración de justicia, las cuales, frecuentemente reproducen estereotipos que contribuyen a la perpetuación de la violencia ejercida en contra de las mujeres en el estado. Es necesario, por ello, que el gobierno evalúe si los cursos han estado dirigidos a las personas indicadas, en particular mandos medios y superiores, con el fin de garantizar la efectiva aplicación en el trabajo de lo aprendido en los mismos".

En el marco de las visitas in situ realizadas por el grupo de trabajo en nueve municipios de La Laguna, la capital del estado, Mezquital y Cuencamé se observó que las y los servidores públicos reproducen estereotipos de género. Algunas conclusiones de estas visitas son: Se minimiza o descalifica a la violencia hacia las mujeres, al recurrir a argumentos como: "Hay que aclarar que también se reciben llamadas de hombres". En términos amplios se desconoce la categoría de perspectiva de género, aunque se tiene una idea general como: "La perspectiva de género es el respeto de ambos géneros y que cada uno guarda un rol en la sociedad".

No se tiene claridad y definición respecto a los protocolos a seguir en caso de violencia de género, lo que ocasiona que las mujeres que acuden a las autoridades sean referidas constantemente, de una institución a otra, sin recibir atención, así como a la lejanía de las instancias procuradoras de justicia y refugios para víctimas de violencia.

Desconocen la NOM 46 que contienen los criterios para la atención y prevención de la violencia contra la mujer, carecen de la pastilla del día siguiente que se emplea en los casos de violaciones para prevenir un embarazo y registran los casos de violencia de género en formatos propios no compartidos en bases de datos con otras instancias gubernamentales. Incluso, algunas servidoras y servidores públicos señalaron estar en contra de la pastilla del día siguiente. Además se practica la mediación en la mayoría de los casos de violencia familiar. Se aduce, en casi todos los casos que no hay de qué preocuparse, "aquí no pasa nada", las parejas discuten, pero se arreglan, entre otras cosas.

El grupo determinó que de las entrevistas realizadas, tanto a autoridades como a organizaciones de la sociedad civil se identificó un vacío en la adopción de procedimientos con perspectiva de género y Derechos Humanos por parte de las policías municipales.

En cuanto a la reparación integral del daño, en Durango, en los casos de feminicidios, esto se reduce en algunos casos a "la victimología asistencial" por parte de Províctima, sin que se hayan establecido mecanismos más amplios, en términos de la Ley General de Víctimas, pues sólo en cinco casos se indicó que la reparación del daño se otorgó con base en la Ley Federal del Trabajo.

A pesar de que vienen en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, el grupo detectó que no se habían dictado órdenes de protección y algunas autoridades refirieron no conocer en qué consisten.

Solamente en el Centro de Justicia para Mujeres se expresó que se dictó una orden de protección en 2016, no obstante, se refirió por una de las personas entrevistadas que para los casos de violencia contra mujeres no se aplican medidas cautelares. Tampoco tienen acompañamiento psicológico y legal. Además el estado no cuenta con refugios para mujeres violentadas en La Laguna.

En la Vicefiscalía, autoridades les refirieron que para casos de violencia, las mujeres son enviadas al refugio "Arca" o al Refugio Esperanza en Durango. "Por lo tanto, el Estado sólo cuenta con dos refugios, uno de carácter temporal y el otro Casa Esperanza, del cual diversas personas entrevistadas manifiestan que es insuficiente".

Por eso "El grupo considera instar al Estado a crear las estructuras necesarias para el establecimiento de más centros de refugio para mujeres violentadas y en su caso, sus menores hijas e hijos que atiendan en Durango".

El estudio también tomó en cuenta la situación económica del Estado y las estadísticas de violencia encontradas principalmente en el Inegi y la Secretaría de Salud, debido a que la información dada por el Estado fue mínima.

"Por lo tanto, se deduce que el estado no está implementando los compromisos adquiridos en las convenciones internacionales en mención ni aplicando lo establecido en la Ley General y la Ley estatal referidas, lo que resulta preocupante, pues de la información proporcionada por el estado, se observa que existe una gran cantidad de casos de violencia en contra de mujeres y menores".

El documento señala además que de toda la información analizada, en Durango "existe un contexto cultural, social e institucional complejo, que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que contribuye a que se generen condiciones idóneas para producir y reproducir la violencia contra las mismas".

TIEMPO

El Gobierno de Durango y los ayuntamientos, así como Torreón y el Gobierno de Coahuila disponen de 6 meses para cumplir con las recomendaciones. Si incumplen, entonces se decreta la Alerta de Género.

12 PUNTOS

Se deben cumplir en el estado de Durango.

MIL 559

Embarazos en menores de 18 años en cinco años.