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Corrupción, el segundo gran desafío

Actitudes

JOSÉ SANTIAGO HEALY

Unto a la inseguridad, la corrupción oficial será el segundo problema a vencer por parte del gobierno de Andrés López Obrador.

El pernicioso fenómeno no es nuevo, data quizás de siglos, pero por razones difíciles de entender, se extendió en los últimos años a todos los niveles y latitudes de gobierno.

Así podemos observar en la esfera federal casos gravísimos de corrupción al igual que en los gobiernos estatales y los municipios del país.

En tiempos del presidente José López Portillo se presentó un fenómeno similar en México, pero en aquellos años la corrupción se concentró en el centro del país donde la bonanza petrolera volvió locos a los altos funcionarios federales, incluyendo al primer mandatario.

Entonces Miguel de la Madrid, un político forjado en una vida académica austera, sacó adelante su programa de renovación moral que no alcanzó sus objetivos, pero sirvió para meter a la cárcel a varios ex funcionarios amigos de López Portillo, entre ellos el general Arturo Durazo Moreno y el ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano.

De entonces a la fecha se han realizado innumerables intentos por desterrar la corrupción en los altos niveles del poder, sin embargo tales esfuerzos han sido insuficientes por no decir que infructuosos.

En el actual gobierno de Enrique Peña Nieto las evidencias de corrupción alcanzaron niveles alarmantes. Ahí está la llamada estafa maestra, los sobornos de Odebrecht, el saqueo de alta escuela en la Sedesol, la Casa Blanca de las Lomas, el despilfarro en el Paso Exprés de Cuernavaca, entre muchos otros casos de ineficiencias, desvíos y fraudes.

Pero a diferencia de gobiernos pasados, con Peña Nieto la aplicación de la ley ha brillado por su ausencia. Se persiguió a Elba Esther Gordillo, principalmente por ser enemiga del régimen y no por sus intrincadas redes de poder político y económico forjadas en el sindicato de maestros.

Los escándalos de corrupción de por lo menos una docena de gobernadores rebasaron al gobierno peñista cuando en el pasado solía ser el primer mandatario quien ponía en orden a los mandatarios estatales ladrones y abusivos.

A lo largo del sexenio no hemos visto ningún caso emblemático a pesar de la evidente podredumbre que prevalece en el gobierno. ¿Alguien recuerda a algún secretario o subsecretario que haya sido removido o procesado por algún tema de corrupción?

El único caso que recordamos es el de David Korenfeld, ex director de Conagua, quien fue despedido por haber utilizado un helicóptero oficial en un viaje familiar. Por cierto, circulan versiones de que Korenfeld ya trabaja en el equipo técnico de López Obrador.

La corrupción oficial en México se extendió vertiginosamente a los estados y municipios del país sin que exista poder humano que la contenga. Si el presidente no ha podido con su equipo y con los gobernadores, tampoco estos han puesto en su lugar a funcionarios locales y a alcaldes.

Hoy en día, cuando en varios estados están a punto de realizarse relevos de alcaldes, el reclamo se repite sin cesar: las arcas municipales no solo están vacías sino además soportan deudas monstruosas e impagables.

Las tres ciudades más endeudadas del país con la banca comercial son Tijuana con 2,696 millones de pesos, Hermosillo con 2,213 millones y Guadalajara con 2,164 millones. A estas cantidades hay que agregar las deudas con proveedores y en algunos casos con empleados municipales.

En Mexicali se habla de una deuda global de 2 mil millones y en Nogales de más de 300 millones. ¿Dónde estaban los regidores, congresos y gobiernos estatales que permitieron este desorden?

¿Podrá el futuro gobierno con este monstruo social cuando en sus propias filas vemos a personajes manchados por la corrupción y la deshonestidad?

Felices estaban los gobernadores de la frontera norte con AMLO luego de ratificarles su promesa de reducir el IVA al 8 por ciento, el ISR al 20 por ciento y subir al doble el salario mínimo en una franja fronteriza de 30 kilómetros... Anunció además apoyo especial a ciudades con población marginada como Tijuana, San Luis Río Colorado, Ciudad Acuña, Texcoco y Solidaridad, Quintana Roo... Parece llevar dedicatoria, pero no es mala la idea de contar con un gobernador de cinco años en lugar de uno de dos en Baja California para empatar las elecciones locales con las federales. Se evitará además un gobierno efímero y en el 2024 el gobernante se elegiría a la par que el presidente de la República.

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