Entre la negligencia y la foto: la bebé que el Gobierno no protegió
El caso de la bebé Judith Alejandra, sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango, no solo estremeció a una familia e indignó a la sociedad, sino que deja al descubierto el fracaso del gobierno estatal en su obligación más básica, la de garantizar la seguridad de los ciudadanos, incluso dentro de sus propias instituciones.
Con crudeza quedó exhibida la descomposición en el que operan algunos de los servicios públicos más sensibles del Estado, como son los hospitales. Los hechos, además de una falla en la vigilancia o un descuido aislado, proyectan la imagen de un sistema entero que funciona bajo inercias, sin controles reales y con una alarmante ausencia de responsabilidad.
No fue un descuido fortuito, más bien la evidencia de un sistema hospitalario sin control, sin protocolos de acceso y sin vigilancia. Que una mujer haya ingresado con un uniforme, deambulando por pasillos, tomando documentos y saliendo con una recién nacida en brazos, no habla de astucia criminal, sino de una estructura corroída por la negligencia.
Y mientras la sociedad duranguense se movilizaba, compartía fotografías, organizaba cadenas de búsqueda y exigía justicia en las calles, el aparato estatal respondía con su conocida inercia: comunicados tardíos, versiones a medias y una dosis de improvisación institucional. La activación de la Alerta AMBER y los operativos de búsqueda fueron consecuencia de la presión ciudadana, no del reflejo eficiente de las autoridades.
La bebé fue localizada no por la acción del gobierno, sino por la presión social. Y, sin embargo, bastaron unas horas para que el gobernador Esteban Villegas se colgara la medalla en redes sociales, publicando una fotografía de la pequeña con sus padres y escribiendo un mensaje que roza lo grotesco: "En este gobierno seguimos comprometidos con proteger lo que más amamos: nuestras familias."
¿Qué gobierno "protege a las familias", cuando una recién nacida puede ser robada dentro de un hospital público sin que nadie se dé cuenta? Ese mensaje no solo fue inoportuno y obtuso, fue un insulto a la inteligencia colectiva. La prioridad no debería ser la imagen del gobernador, sino la revisión inmediata de las condiciones en las que operan los hospitales estatales.
La responsabilidad es de toda la cadena de mando, comenzando por el secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, y el director del nosocomio, quienes debieron ser separados del cargo para permitir una investigación imparcial. De lo contrario, sería validar la impunidad mandando el mensaje de que en Durango los errores institucionales pueden borrarse con un post en redes sociales.
La recuperación de la bebé Judith es, sin duda, una buena noticia. Pero detrás de ese alivio se esconde un problema mucho más profundo: un sistema público de salud debilitado, sin protocolos de seguridad y con personal sin supervisión. Las familias duranguenses merecen algo más que comunicados triunfalistas. Merecen instituciones confiables, funcionarios responsables y un gobierno que, antes de vanagloriarse, aprenda a rendir cuentas.
EN LA BALANZA.- Y hablando de negligencias en el sector salud, la federación no se queda atrás, el Instituto Mexicano del Seguro Social vuelve a aparecer entre las instituciones más señaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Treinta y ocho quejas en lo que va del año, más que una cifra, son vidas afectadas, familias que sufren por omisiones médicas y una burocracia que parece haber perdido la sensibilidad. La salud pública no puede seguir siendo un campo de ensayo de ineptitudes, ni los pacientes simples números en las estadísticas oficiales.
X: @Vic_Montengro