Gobernar en México es una sentencia de muerte
Por años, México ha vivido bajo la sombra de la violencia, pero hoy esa sombra se ha vuelto un abismo que también engulle a quienes gobiernan. El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, no es un hecho fortuito, más bien otro capítulo de una tragedia nacional que se repite con nombres distintos y el mismo telón de fondo.
Esa cortina sucia enmarca la escenografía de un Estado incapaz de garantizar la seguridad, ni siquiera para sus propios representantes. El actor perverso de la puesta en escena es, sin duda, el crimen organizado, el que no solo ha infiltrado las instituciones, sino que ha impuesto un nuevo orden en todo el país: el del miedo.
Desde los tiempos de Vicente Fox hasta el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, México ha sumado decenas de presidentes municipales asesinados, sin contar regidores y funcionarios que han sido también víctimas de un poder paralelo que extorsiona, amenaza y elimina sin distinción de partido ni ideología.
De acuerdo con datos del recuento de la organización Ciudadanos Observando, constituida desde el año 2012, en el primer sexenio panista fueron solo cuatro alcaldes. Sin embargo, el siguiente mandato encabezado por Felipe Calderón Hinojosa arrojó números escalofriantes con 31 ediles ultimados a manos de la delincuencia organizada.
El del priista Enrique Peña Nieto fue aún peor, con 39 presidentes municipales asesinados. En el gobierno de la llamada "Cuarta Transformación", de Andrés Manuel López Obrador, solo hubo 17; empero, en apenas un año de mandato de Claudia Sheinbaum, ya suman diez. Las cifras hablan de una constante: la violencia política no disminuye, solo cambia de rostro y de narrativa.
El Estado mexicano ha fallado, y no solo por omisión. Los gobiernos de PAN, PRI y Morena han permitido que el crimen se diversifique, que capture economías locales, que lave dinero en la formalidad y que penetre las estructuras de poder. Hoy los alcaldes gobiernan bajo amenaza, las policías están infiltradas o rebasadas.
Mientras la justicia actúa -cuando lo hace- solo después del asesinato, el crimen organizado se ha convertido en un actor político, económico y territorial. Controla rutas, impuestos ilegales, obras públicas y hasta decisiones electorales. Gobierna sin rendir cuentas, mientras el Estado, en su discurso, se dice fortalecido.
El caso de Carlos Manzo es doblemente doloroso porque él había pedido ayuda. Lo hizo públicamente, con nombre y apellido, al Gobierno federal. Exigió apoyo ante la violencia que asfixiaba a su municipio, una región productiva, pero asediada por los cárteles desde hace ya muchos años. No lo escucharon.
Murió haciendo lo que pocos se atreven: enfrentando al poder del miedo. Su asesinato, además, exhibe la paradoja cruel de un alcalde que hablaba de seguridad, que denunciaba el abandono institucional, y que fue abatido mientras invitaba a la ciudadanía a una fiesta cultural. Ni su visibilidad, ni su cargo le sirvieron de escudo.
EN LA BALANZA.- La desaceleración económica empieza a sentirse con fuerza en Durango. Los ajustes laborales en la planta Aptiv 1 y la cancelación de la Expo del Mueble son señales de un freno abrupto en dos sectores clave. Aunque las autoridades insisten en que los despidos en Aptiv son solo "pausas laborales", el malestar entre los trabajadores revela una creciente incertidumbre. Lo mismo ocurre con los muebleros, que ante la falta de circulante optaron por suspender su principal escaparate comercial del año.
CERROS SECOS Y PELONES... La protesta de las docentes del IESEN en Lerdo exhibe una práctica preocupante en el ámbito educativo, como la represión disfrazada de procedimientos administrativos. No se trata solo de cinco maestras despedidas, sino de un golpe a la libertad de expresión y los derechos sindicales en instituciones formadoras de futuros educadores. Las acusaciones de censura, persecución y hasta criminalización de las trabajadoras son muestra del autoritarismo burocrático que persiste en el sistema educativo estatal.
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