Interestatal. Consideran necesario fortalecer la vinculación para resolver este problema que afecta a los ciudadanos.
"En el norte del país, la cifra de personas desaparecidas dejó de ser un dato frío para convertirse en un grito colectivo", plasmó el Observatorio Ciudadano de Durango en un comunicado, después de haber realizado un llamado, la semana pasada, a la coordinación entre Durango y Sinaloa "ante una crisis que ya no admite silencios".
Esta organización, que dirige Alfredo García Olvera, refirió que, en Sinaloa, el secretario de Economía, Ricardo Velarde, dejó el cargo tras el anuncio de cateos a bares de su propiedad, por casos relacionados con desapariciones de jóvenes en Mazatlán. "La renuncia exhibió que el tema había escalado del plano social al político en tiempo real", destacó.
Se hizo referencia a que, entre enero y septiembre de 2025, Durango documentó 93 personas desaparecidas; la mayor incidencia se concentra en la capital (41) y en Gómez Palacio (18). "Además, al menos siete duranguenses han desaparecido en Sinaloa, principalmente en Mazatlán, lo que evidencia el carácter interestatal del fenómeno y la urgencia de cooperación real entre fiscalías y comisiones de búsqueda".
Asimismo, se hizo referencia a que también en Gómez Palacio la localización de restos humanos volvió a poner reflectores sobre la urgencia de búsquedas coordinadas y datos abiertos municipales. "Lo que hizo el Observatorio no fue 'politizar' la tragedia; fue institucionalizar la exigencia", se indicó.
Y se hizo énfasis en la importancia de la continuidad con acciones como una mesa Durango-Sinaloa, con minuta pública, objetivos medibles y calendario de seguimiento; datos abiertos municipales (Durango, Gómez Palacio, Mazatlán) con actualizaciones quincenales: reportes, búsquedas, localizaciones y estatus ministeriales; protocolos homologados para alertas rápidas transfronterizas (carreteras, terminales, hospitales, separos y centros de rehabilitación), con responsables visibles.
Asimismo, se consideró necesaria la observación ciudadana con auditorías de caso al azar y publicación de hallazgos, así como una comunicación províctima: del titular que "niega cifras" a la autoridad que explica qué hizo, cuándo y con qué evidencia.