Prohibición total de vapeadores en México: ¿salud pública o un control excesivo?

México está a nada de imponer una de las prohibiciones más estrictas del mundo contra los vapeadores. La Cámara de Diputados ya aprobó en comisiones una reforma que busca eliminar toda la cadena de estos dispositivos: producción, importación, venta, distribución y suministro.

La propuesta llega con sanciones fuertes, penas de uno a ocho años de prisión y multas que pueden superar los 200 mil pesos, y promete un cambio total en la forma en que el país enfrenta el vapeo.

Las autoridades justifican la medida con un argumento contundente: frenar el uso entre jóvenes y contener los riesgos para la salud que han documentado especialistas. Pero, conforme avanza la discusión, surge una pregunta inevitable: ¿México realmente está protegiendo a la población… o está construyendo un esquema de control que podría criminalizar a miles de usuarios?

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La narrativa oficial: “es por la salud”

El gobierno sostiene que los vapeadores representan un peligro creciente, especialmente para adolescentes atraídos por sabores, presentaciones llamativas y la idea de que “son menos dañinos”. Señalan que los dispositivos contienen sustancias químicas y metales pesados que pueden causar daños pulmonares y adicciones tempranas.

Con ese diagnóstico, la prohibición total parecería lógica. Sin embargo, expertos y consumidores cuestionan si el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Prohibir no siempre funciona: el riesgo del mercado negro

En países donde el vapeo ha sido prohibido por completo, el consumo no desapareció… solo se volvió clandestino.Y México ya vive ese escenario desde hace años:

• Importaciones ilegales.
• Venta libre en redes sociales.
• Tiendas improvisadas sin estándares sanitarios.

Paradójicamente, al prohibir absolutamente, el Estado también perdería herramientas para supervisar calidad, rastrear ingredientes o vigilar quién vende y qué vende.

La duda persiste: ¿se está atacando el problema o empujándolo a la oscuridad?

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Y en Durango… ¿qué dice la ley local?

Durango enfrenta el mismo dilema, pero con un marco legal que aún se está ajustando.

• La Ley de Protección a los No Fumadores (reformada por última vez en 2023) regula únicamente productos de tabaco tradicional, no vapeadores.

• Esto deja un vacío legal: la ley estatal no define ni contempla los dispositivos electrónicos, por lo que muchas restricciones no aplican directamente al vapeo.

• En 2024 y 2025, el Congreso de Durango presentó iniciativas para prohibir la venta de vapeadores a menores, regular su acceso y alinearse con la tendencia nacional.

• Aunque hay avances, la legislación local aún no incorpora de forma plena a los vapeadores como objeto regulado, y su implementación dependerá de cómo avance la reforma federal.

En pocas palabras: Durango está tratando de alcanzar a una realidad que se movió más rápido que su marco jurídico.

El impacto económico que nadie quiere mencionar

Más allá de lo sanitario, la prohibición total borraría de un día para otro a toda una industria: desde tiendas especializadas hasta pequeños comercios que dependen de los vapeadores.A eso se suman:

• Posibles amparos.
• Cierre de negocios.
• Pérdida de empleos.
• Renuncia a ingresos fiscales que otros países sí aprovecharon regulando en lugar de prohibir.

México podría pasar de un mercado no regulado… a uno clandestino y más peligroso.

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¿Protección, control o un camino intermedio?

El país está frente a una decisión que marcará su política de salud por años. La intención oficial es proteger a jóvenes y reducir riesgos. Los críticos temen que se abra un escenario donde:

• Los consumidores sigan vapeando.
• Los productos sean peores y más difíciles de rastrear.
• El uso se vuelva clandestino y más riesgoso.
• Lo único seguro es que México está a punto de redefinir su relación con los vapeadores.

Resta saber si la prohibición será una solución real… o el detonante de un problema mucho más complejo.