Diputados impugnan ante TEPJF la 'ley mordaza' en San lázaro
El líder de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo, y los legisladores independientes Ana Lucía Riojas y Carlos Alberto Morales, impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo legislativo conocido como "ley mordaza".
En su recurso los legisladores reclamaron la supuesta vulneración de sus garantías por el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara por el que desde el pasado 9 de octubre se limitaron intervenciones en la presentación de asuntos desde la tribuna, durante las sesiones.
Se afectarían, según los juicios ciudadanos interpuestos por separado por los legisladores inconformes, los derechos a la libertad de expresión, y se atentaría contra la pluralidad y la gobernabilidad del Poder Legislativo.
Por ello pidieron a los magistrados intervenir frente al acuerdo del órgano de dirección de San Lázaro, aprobado el pasado 9 de octubre y según el cual, dado que es la fuerza mayoritaria, en cada ronda los diputados de Morena tendrán derecho a intervenir hasta en 6 ocasiones, el Partido Acción Nacional (PAN) 3 y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dos, en tanto que sólo podrían usar la tribuna una vez cada una de las cinco bancadas restantes: PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Dado que cada diputado puede intervenir durante cinco minutos, en total el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) podría acumular hasta 30 minutos con sus 6 legisladores por ronda de intervenciones, el PAN 15 minutos, el PRI 10 minutos y las minorías cinco minutos cada uno.
Los recursos interpuestos por los diputados aún esperan acuerdo de admisión en la Sala Superior del Tribunal para, en su caso, ser turnados al magistrado responsable de proponer un proyecto de sentencia, aunque según precedentes se trataría de un caso de derecho parlamentario.
La pretensión de los legisladores inconformes es que puedan presentar en forma igualitaria sus iniciativas en la tribuna camaral ya que, argumentan, el principio de proporcionalidad no está por encima del principio de pluralidad ni de la libertad de expresión.