Desvíos y política
El día de ayer, un periódico de circulación nacional publicó una nota en primera plana revelando que el gobierno de Durango tenía abierta una investigación por transferencias de dinero que se hicieron siguiendo el mismo patrón que el gobierno de Chihuahua detectó desde hace meses y por el cuál presuntamente se desvió dinero público para financiar campañas políticas del PRI.
Esta investigación han desatado una lucha legal de meses por parte del gobierno de Chihuahua en contra de quienes presuntamente operaron este desvío de dinero público; el último trance es el inusual pedido del Presidente de la República y de su gabinete al Poder Judicial de la Federación para determinar si es válida la injerencia de un gobierno estatal en la esfera federal y de paso averiguar si existen órdenes de aprehensión contra el Presidente Peña Nieto o su gabinete por parte del gobierno que encabeza Javier Corral.
La revelación de que hace pocos días se ejecutaron ordenes de aprehensión por parte del gobierno de Durango respecto del desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para tareas de seguridad y que fueron entregados a las mismas firmas que se utilizaron en los presuntos desvíos detectados por el gobierno de Chihuahua, hace pensar la necesidad de una investigación seria para descartar que las operaciones financieras fueran parte de una operación orquestada para potencialmente influir en las elecciones locales de 2016.
La principal demanda que dio pie a el cambio de gobierno en nuestro estado fue la de encarcelar a quienes se habrían aprovechado de su posición para enriquecerse con dinero público. Lo que comenzó meses después del cambio de gobierno con órdenes de aprehensión a funcionarios de segundo nivel fue diluyéndose sin avances en las investigaciones sobre los desfalcos que presuntamente se realizaron durante el gobierno estatal que terminó en 2016.
La elección federal de este año prácticamente borró cualquier otro tema de la agenda pública y es sólo hasta después de las elecciones y con un nuevo Presidente electo que se tenemos noticias sobre un presunto desfalco de 200 millones de pesos en nuestro estado, en donde, lamentablemente, todavía mueren niñas indígenas por desnutrición.
En nuestro país, las demandas de justicia en este tipo de casos están alineadas a la política. La presión del gobierno federal al gobierno local de Chihuahua por atreverse a consignar a los operadores del desvío previo a las elecciones de este año fue inmensa. Si no hubo acciones por parte de los demás gobiernos estatales en donde presuntamente se llevó a cabo la misma operación, seguramente fue para evitar confrontaciones con el gobierno federal, que todavía tenía múltiples herramientas para estrangular financieramente a los gobiernos locales. Esperamos que a partir del primero de diciembre, ya con un nuevo gobierno federal, se pueda avanzar en las investigaciones de estos hechos y actuar penalmente en contra de quienes participaron, si las investigaciones dan elementos para ello.
Twitter: @jesusmenav