Dictan prisión preventiva a ex fiscal general de El Salvador
El ex fiscal general de El Salvador Luis Martínez (2012-2015), acusado de 15 delitos de corrupción, fue enviado a prisión preventiva, tras concluir la audiencia inicial en su contra por el caso denominado "Operación Corruptela".
La titular del Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, basó su veredicto en la investigación que determina que Martínez encabezó, presuntamente, una red de corrupción cuando era fiscal general, favoreciendo así al expresidente del Gobierno Mauricio Funes (2009-2014) y al empresario Enrique Rais.
Tanto Funes como Rais, reclamados por diferentes juzgados de El Salvador acusados de diversos delitos, se encuentran prófugos de la Justicia.
Según la Fiscalía General de la República, Martínez recibió de parte de Funes 935 mil dólares para evitar que investigara la polémica tregua de pandillas que se estableció durante el mandato del expresidente, actualmente asilado en Nicaragua.
Junto a Martínez, fue enviado a prisión preventiva el ex jefe fiscal Julio Arriaza, implicado también en la "Operación Corruptela" por ocho delitos, mientras que otras 13 personas acusadas por el mismo caso quedaron en libertad a la espera de la siguiente fase.
De estas 13 personas, únicamente dos, entra las que se encuentra la esposa del exfiscal, Francesca de Martínez, quedan sujetas a "medidas sustitutivas" y deberán presentarse semanalmente en el juzgado.
En la misma situación que la cónyuge de Martínez queda Mauricio Yanes, exgerente general de la Fiscalía.
Según los fiscales del caso, hay indicios de que el que fuera titular del Ministerio Público entre 2012 y 2015 incurrió en los delitos de falsedad documental, blaqueo de dinero y omisión de investigaciones, ilícitos que se suman a otros procesos que Martínez afronta en otros juzgados.
Uno de los casos más sonados por los que el exfiscal es procesado es el de divulgación de material reservado, al usar, supuestamente, conversaciones privadas del sacerdote español Antonio Rodríguez, por su papel de intermediario entre el Gobierno del país y las pandillas en el año 2014.
La acumulación de procesos contra Martínez fue la razón por la que la juez del caso decretara prisión preventiva.