La prensa nos ha informado que en Coahuila, está presente el abuso de menores obligados a trabajar. Son 37 mil 804 personas, de 5 a 17 años, quienes laboran en las áreas de servicios y comercio.
Revisando por sectores de actividad, 9.8% está en el agropecuario; 13.3% en la industria manufacturera, extractiva, electricidad, gas y agua; 13% en la construcción; 25.7% en el comercio; y 36.1% en servicios. El resto, 2.1%, no lo especifican.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, conmemorado cada 12 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que un 6 % de la población infantil trabaja en Coahuila, dato estadístico que nos ubica por abajo del promedio nacional, que es de 8.4 %. Desde luego que no es consuelo y sí una advertencia del esfuerzo que deben hacer las autoridades estatal y municipal para acabar con tal injusticia social.
Le comparto más estadística de INGI:
La cifra ha ido en descenso a nivel nacional, según la última encuesta sobre el problema: de 12.5 % en 2007, a 8.4 % que se reportó en 2015; en tanto, en Coahuila, había 10.9 % en el 2007 y bajó a 7.8 % en 2009; sin embargo, subió a 9.8 % en el 2011; para luego volver a bajar en 2013, a 7.4 % en 2014 y a 6 % en el 2015.
A nivel nacional, se trata de 2 millones 475 mil 989 niños que trabajan. En Coahuila 42 mil 752 menores, de los cuáles 66.7 % son varones y el 33.3 % mujeres, porcentaje muy similar a nivel nacional.
Sin embargo, solamente 4 mil 948 de los menores que trabajan están en una actividad permitida por la Ley.
En cuanto a la población de 5 a 17 años, por condición de ocupación y según la asistencia escolar, el INEGI señala que 4 de cada 10 de esos menores de Coahuila, no asisten a la escuela: representan al 39.7 %, equivalente a 16 mil 957 menores.
De la población no ocupada, el 94.1 % sí acude a la escuela, también muy similares a los promedios nacionales.
Las denuncias de las organizaciones internacionales, encabezadas por las Naciones Unidas y el Fondo de Emergencia para la Infancia, de la ONU, confirman que se trata de una flagrante violación a los derechos humanos, particularmente al de la educación, generando un círculo vicioso que condena a esos desafortunados a persistir en la ignorancia y pobreza, consecuentemente tendrán obstruidas las vías sociales, para su movilidad personal, hacia mejor calidad de vida.
Revisando las procedencias de esos menores, el común denominador es la pobreza familiar e ignorancia, realidad que, por razones obvias, los lleva a trabajar para contribuir al gasto familiar, muchas veces excediendo la ocupación sus capacidades físicas.
No extraña que, en primer término, aparezcan los ubicados en el medio rural, donde nuestros compatriotas continúan esperando que les "haga justicia de la revolución".
Otro tema, quizá más comprometedor para la dignidad humana - la nuestra por permitirlo - es lo padecido en los pueblos indígenas.
Piense que al obligarles a trabajos pobremente remunerados y en muchos casos la mendicidad, estamos preparando a las nuevas generaciones en la llamada "universidad de la delincuencia", en donde aprenderán manías y formas de agenciarse recursos para subsistir.
El fenómeno ya ha sido descrito ampliamente: de la mendicidad se pasa a la drogadicción - por ansiedad y depresión ante la falta de oportunidades - y luego a la vida para-social y/o delincuencia.
Desoímos que atender a los pobres y mendicantes va más allá de simple responsabilidad humana, representa una acción para contar con una sociedad más sana, mejor atendida y consecuentemente con menores índices de delincuencia. Piense en los suyos.
En La Laguna, no hay suficientes lugares para atenderlos y los pocos existentes carecen de recursos económicos para aplicar programas y en muchos casos hay incapacidad profesional.
Los centros de readaptación para menores, por tales circunstancias, se transforman en lugares de deseducación de los internados, además de ofrecerles aprendizajes de otras maneras para delinquir.
Es un tema de gran importancia que desgraciadamente recibe poca atención y apoyo de la sociedad civil y por ser minorías tienen presupuestos ridículos, al ser politiqueramente improductivos.
Ojalá que más ONGs pudieran aceptar el reto de ayudar a combatir, al menos un poco más, el agravio y condena social para el futuro de esos muchachos desamparados. Sé que las universidades de la región estarán dispuestas a apoyarlos técnicamente; habría que visitarlas.
Cómo me gustaría leer en los periódicos y redes sociales noticias de ciudadanos, asociaciones civiles y congregaciones religiosas que han hecho el propósito de trabajar con éxito para ejercer justicia desde el punto moral, solidario y subsidiario, más allá de buscar promoción y reconocimiento social.
¿Quién dice yo?