García abre la puerta a crisis internacional

La petición de asilo del expresidente peruano Alan García a Uruguay abrió la puerta a una crisis internacional a cuenta de la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en el país, y de las investigaciones de la Justicia para perseguir los casos que afectan a sus líderes políticos.

García, quien tiene una orden de prohibición de salida del país por 18 meses mientras es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, decidió convertirse en el primer exmandatario peruano investigado por los sobornos de Odebrecht en solicitar un asilo a otro país.

En ese camino, García, quien permanece desde el sábado por la noche en la residencia del embajador uruguayo en Lima, se comunicó con el presidente Tabaré Vázquez y le aseguró que en el Perú, "una vez más, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución".

A través de una carta, García expresó su convicción de que es un perseguido político, que la Justicia y los fiscales peruanos actúan en su contra de manera parcial y que el gobierno de Martín Vizcarra está detrás de estas iniciativas para ocultar sus propios actos de corrupción vinculados a Odebrecht.

Esos extremos fueron negados inmediatamente por Vizcarra, quien rechazó que en su país exista algún tipo de "persecución política" y consideró que "todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones".

El caso quedó ahora en manos del presidente Vázquez y su Gobierno, cuyo canciller, Rodolfo Nin Novoa, confirmó que ha aceptado el trámite del asilo y que emitirá una decisión al respecto en función de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

Según el Partido Aprista Peruano (PAP) de García y el propio abogado del expresidente Erasmo Reyna, la decisión de pedir asilo se produjo ante la sospecha de que la fiscalía solicitara de forma inminente su procesamiento en prisión.