Revisemos un par de datos: 14 mil 700 personas que trabajan como taxistas en la Ciudad de México tienen Maestría o Doctorado y perciben un ingreso mensual promedio de 4 mil 500 pesos, según un estudio realizado por el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público.
En 2004 el sueldo promedio de una persona con posgrado en México era 24 mil pesos mensuales; 12 años después, en 2016, ese promedio había disminuido a 14 mil 800 pesos; esto, según el informe 2017 del Observatorio de Salarios que publica la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
Una primera observación a propósito de esos datos tiene que ver con el claro divorcio entre la política educativa y la económica en nuestro país. Como sucede con otros precios, los salarios son determinados por la oferta y la demanda. Si han caído los ingresos de las personas con estudios de posgrado es porque se están formando más posgraduados que los requeridos por el país y sus diversos sectores productivos. La hipótesis parece corroborarse con la información sobre los taxistas; si están dedicados a ese oficio (que, además significa un ingreso significativamente menor que el promedio) lo más probable es que se deba a la falta de fuentes laborales acordes a su formación.
El incremento exponencial de egresados de ese nivel educativo en nuestro país, que llevó del 1% de la población en 2000 a casi 4% en la actualidad, ha sido conducido por un evidente abaratamiento de los grados, en el sentido de las facilidades que hoy tienen los estudiantes para obtener una especialidad, maestría o doctorado. Sobre todo, en disciplinas sociales y económico administrativas el tiempo requerido para el logro académico se ha reducido considerablemente, pero, también, la cantidad de horas de dedicación y los requisitos para la titulación. La mayoría de los posgrados ya no exigen la elaboración de una tesis, por ejemplo. Rara vez, además, los estudiantes tienen que presentar un examen de admisión, menos aún, riguroso.
Pero, también, están las facilidades que tienen las Instituciones de Educación Superior para obtener un Registro de Validez Oficial que les permita impartir un posgrado. De acuerdo con el Diagnóstico del Posgrado en México 2015, publicado por la UNAM, alrededor de 75% de los programas de especialidad, maestría y doctorado que se ofrecían hasta 2014 en México recibieron su registro después del año 2000. Es altamente probable que esa proporción sea todavía mayor en la actualidad.
Los datos indican con claridad que hay una política del Estado mexicano tendiente a facilitar la creación de programas de ese nivel educativo. No sólo es así, sino que, además, se ha optado por posgrados "profesionalizantes" cuyo propósito no es la creación de investigadores, como era el motivo original de esos grados académicos, sino, en el mejor de los casos, el perfeccionamiento de ciertas capacidades para el ejercicio laboral, lo que se corrobora, también, con el estudio de la UNAM ya mencionado.
Lo que diré a continuación es una generalización sin ánimo de ofender: hoy muchos tienen un grado académico conseguido, porque así lo deseaban, en un programa de titulación rápida, poco o nada exigente, ofertado por una Institución a la que, sin importar su renombre o prestigio, sólo le mueve hacer negocio, uno muy jugoso, por cierto. Esa realidad es favorecida por el Estado mexicano al que, lo único que le preocupa es subir los índices de escolaridad, aunque sea de manera artificial, porque la OCDE y otros organismos internacionales le dicen que está muy lejos del promedio de los países miembro, lo que impacta de manera negativa en su capacidad para adquirir créditos.
Así, los datos ofrecidos al principio son sólo la consecuencia de la gran simulación educativa que vive el país y en la que participamos estudiantes, docentes, instituciones y gobiernos.
Para todos, lo importante del posgrado es de papel: títulos y billetes.