Si bien el proceso migratorio es el centro de buena parte de la atención mediática en España, al mismo tiempo que la vigilancia de los derechos de las personas inmigrantes es una de las causas que aglutina el trabajo de un número significativo de ONG, existen otras situaciones, igual de importantes, que han sido causa de sanciones para el Estado español por faltar al respeto de algunas garantías.
En el 2018 el Estado español recibió ocho condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Superando las recibidas en 2017. Aunque sigue siendo uno de los Estados europeos que menos sentencias recibe. Sin embargo, hay algunos temas en los que reiteradamente se le señalan faltas.
Rights International Spain (RIS), ONG formada por juristas especializados en derecho internacional, en el balance del 2018 en materia de derechos humanos en España sostiene que "España muestra cierto nivel de reticencia en cuanto a la realización efectiva de algunos derechos relacionados con la disidencia política". A continuación se seleccionan y analizan algunos elementos del informe en los que se sustenta tal afirmación.
Las ocho sentencias recibidas el año pasado se refieren a violaciones de derechos en materia de: libertad de expresión, prohibición de la tortura, derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial, y respeto a la vida familiar y privada. La sentencia por prácticas de tortura está relacionada con personas vinculadas a ETA, las faltas de garantías en un juicio justo son también con antiguos miembros del grupo disuelto, la violación a la libertad de expresión fue a dos jóvenes catalanes y a un activista que acusó de tortura a la policía.
El informe citado da cuenta de la visita realizada en septiembre por parte del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes realizó al Estado español, concretamente a las prisiones y establecimientos policiales en Cataluña, en septiembre del año pasado. Se espera que en los primeros meses de este año se conozcan las conclusiones finales de la visita, mismas que incluirán los resultados de las entrevistas a organizaciones civiles catalanas.
El Relator Especial de la ONU para la libertad de expresión intervino en el caso de las acusaciones de rebelión contra los líderes del movimiento independentista catalán. El sentido de la intervención es a favor de no acusar de delitos tan graves por actos en los que no hubo violencia y no se incitó a ella. La advertencia subraya la necesidad de cuidar los derechos a la protesta política.
Por último, en diciembre de 2018 la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa llamó la atención del Estado español por la aplicación desproporcionada de delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas que contempla la legislación de dicho Estado. Se advierte que este tipo de usos de la ley atenta contra el derecho a la libertad de expresión.
Las sentencias, los señalamientos y recomendaciones sobre casos concretos de vulneración a los derechos de personas y movimientos de un tipo de disidencia política permiten observar la actuación del Estado español en sus procesos internos, al tiempo que dan cuenta de la polarización y la intolerancia que crece a nivel global.
Twiiter: @davidsecular