La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aceptó la recomendación 82/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general.
La recomendación fue realizada el 26 de diciembre del 2018 y entre las evidencias presentas se encuentra que personal del Instituto de Química de la UNAM señaló que en México existen registros de plaguicidas permitidos, mismos que se encuentran prohibidos en otras partes del mundo, tanto por su toxicidad como por estar regulados por algún acuerdo internacional.
Además, investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit informaron que en México no existe una clasificación que permita identificar aquellos plaguicidas que presentan alta peligrosidad, siendo lo más cercano a esto la clasificación reportada por la OMS.
Otras secretarías a quienes se les hizo la misma recomendación fueron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Para dar cumplimiento a la recomendación, las dependencias acordaron establecer mecanismos de coordinación para realizar diversas acciones, entre las que destaca la conformación del Comité Especializado en Identificación e Investigación sobre Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos.
La CNDH informó que la Sader deberá, en coordinación con Senasica, la Semarnat y Cofepris realizar las gestiones necesarias, a efecto de que en un plazo de tres meses contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se conforme un Comité Especializado en la Identificación e Investigación sobre los Efectos Adversos de Plaguicidas Altamente Peligrosos, que se integre por servidores públicos capacitados en la materia, con participación de representantes de centros de investigación con experiencia en el tema, así como con las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas en el Registro Federal del Instituto Nacional de Desarrollo, que así lo deseen; que tenga por objeto garantizar la debida coordinación entre autoridades, el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la regulación de la gestión de los plaguicidas, la identificación de aquellas sustancias que resulten peligrosas para el medio ambiente y/o para la salud, para el establecimiento de regulaciones y medidas efectivas de prevención y/o mitigación de los posibles daños ocasionados por su uso.