Encinas promete a familias de víctimas esclarecer delitos atribuidos a marinos
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunió con familiares de víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar), durante el primer semestre del 2018.
El encuentro de al menos tres horas, se realizó en seguimiento de los compromisos establecidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia pública del 5 de diciembre, en la sede el organismo en Washington, solicitada por la representación jurídica de los familiares de las víctimas, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
En dicha audiencia, se dio a conocer la presunta responsabilidad de marinos desplegados en la desaparición de al menos 51 personas, de las cuales sólo 37 casos están siendo investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
En las desapariciones de Nuevo Laredo, "tenemos los elementos suficientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos", sostuvo Encinas Rodríguez quien se comprometió "a ir a fondo en las investigaciones y vamos a esclarecer los hechos para que haga justicia".
Sin la presencia de representantes de la CIDH, presuntamente por complicaciones en su agenda, Encinas Rodríguez sostuvo que el seguimiento de las investigaciones por parte del organismo regional se está dando desde diciembre pasado en que aceptó la observación internacional.
Según el funcionario, en las recientes encuentros que sostuvo con representante del organismo, "en 30 días se realizará una nueva reunión, en la que vamos a formalizar las formas (sic) y los tiempos de cómo se va a realizar" el seguimiento a las indagatorias que fueron atraídas por la PGR luego de que en el 31 de mayo, el entonces Alto Comisionado d Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto "detener la ola de desapariciones" en la ciudad fronteriza, donde su oficina documentó 23 de los 51 casos.