Diputados de 17 Congresos se saltan austeridad

En al menos 17 entidades del país -sin contar a la Ciudad de México ni al Estado de México- a la hora de definir su presupuesto para 2019 los Congresos locales ignoraron la austeridad republicana propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aprobaron un incremento de recursos en comparación con 2018.

Los aumentos en el presupuesto de este año para los congresos van desde los 2.4 millones de pesos, que se incrementó la Cámara de Diputados de Chiapas, hasta los 84.2 millones que se adicionaron los legisladores de Tamaulipas, que con un aumento de 65% fueron quienes se aprobaron el mayor incremento, al pasar de 156.6 a 240.9 millones, de acuerdo con una revisión de El Universal a los paquetes fiscales que los Congresos aprobaron en 2018 y 2019.

Entre las Cámaras locales que más recursos se aprobaron también figuran Hidalgo, con un aumento de 75.9 millones; Puebla, con 74.6; Chihuahua, con 71; Baja California, con 70 millones; Tlaxcala, con 56.6 millones; Guanajuato, donde los legisladores incrementaron en 47.8 millones su presupuesto; Veracruz, con más de 43.9 millones; Nayarit, con 23.9, y Baja California Sur, con 20 millones.

Otros Congresos estatales que registraron crecimiento de asignaciones presupuestales de entre 15.6 y 2.47 millones de pesos son: Chiapas (2.47 millones), Campeche (2.71), Oaxaca (4.97), Sonora (8.78), Querétaro (10), Durango (13.93) y San Luis Potosí, con 15.63 millones de pesos.

En 10 de estas 17 entidades la mayoría legislativa del Congreso recae en Morena: se trata de Baja California Sur, Sonora, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas,

En contraste, sólo nueve congresos estatales se apegaron a la propuesta de austeridad del gobierno federal. De éstos, en Coahuila, Colima, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas las Cámaras de Diputados mantuvieron el mismo recurso que se destinó en 2018 para el actual ejercicio fiscal.

Mientras que en Jalisco, Michoacán, Tabasco y Yucatán los legisladores se redujeron el presupuesto entre 4.3 y 83.7 millones de pesos.

La Cámara de Diputados de Jalisco se disminuyó 4.3 millones de pesos; la de Yucatán, 40.8; en Michoacán la reducción fue de 60.6 y en Tabasco, donde el Congreso es de mayoría morenista, la merma fue de 83.7 millones de pesos, esto es 25% y, por tanto, la más grande de todo el país.

Como parte de la revisión realizada por este diario, se halló que los tres congresos con mayor presupuesto para este año fiscal son el de Michoacán, que devengará 923.8 millones de pesos, 60.6 millones menos que en 2018, cuando los diputados se aprobaron un presupuesto de 984.4 millones.

En segundo lugar se encuentra Veracruz, con un monto de 776.1 millones de pesos (43.9 millones más que en 2018). Le sigue Jalisco, donde a pesar de que este año los legisladores redujeron en 4.3 millones su presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, tendrán 699.9 millones de pesos.

Se atoraron presupuestos. Este año en varias entidades se presentaron desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para la aprobación del presupuesto de 2019. En Sinaloa y Tlaxcala, por ejemplo, los paquetes fiscales fueron vetados por sus respectivos gobernadores, por lo tanto, aún no se definen legalmente los presupuestos de estos congresos.

Un caso especial es el de Veracruz, en el que los diputados dieron tres meses al gobernador de Morena, Cuitláhuac García, para definir una propuesta de ajustes del Presupuesto de Egresos del Estado.

Hasta este sábado, en Aguascalientes, Guerrero y Morelos no se hacía público el total de recursos de que dispondrán los legisladores.

‘Poderes legislativos fomentan opacidad’

Además de saltarse la austeridad, los Congresos locales se han convertido en órganos donde no se prioriza la transparencia ni la rendición de cuentas. Así lo considera Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, una organización que desde hace una década se ha dedicado a impulsar la cultura de parlamentos abiertos.

Para el especialista, que los diputados locales en los Congresos del país se hayan ajustado a las medidas de austeridad propuestas desde el gobierno federal no garantiza una eficiencia del gasto, pues explica que en general se aprueban presupuestos inflados donde existen múltiples colchones para reclasificar y reasignar recursos, sin que se les exija transparentar dichos cambios.

Esta opacidad en los Congresos, explica, se debe a que hasta hace una década se les consideraba órganos pequeños y baratos, por lo que la transparencia legislativa es una exigencia mucho más reciente, en comparación con la que se le exige a los poderes Ejecutivos. “Históricamente no se comparaban con nadie, pues son poderes autónomos y por ello abusan, en términos generales, de cómo usan los recursos”.

En 2015, cuando se impulsó la Ley general de Transparencia en Información Pública, fue cuando se incluyó a los Congresos como sujetos obligados a la rendición de cuentas; sin embargo, son los órganos de fiscalización en cada entidad los que se encargan de dicha materia.

Para Bohórquez, especialista en el combate a la corrupción, esto es una debilidad, ya que dichos órganos de fiscalización a su vez dependen de los congresos para la asignación de recursos cada año, por lo que “por miedo a represalias, en términos presupuestales, no son proactivos y no empujan a los congresos a ser transparentes”.

Por esa razón, agrega, en muchas veces las Cámaras bajas locales ni si quiera tienen comisiones de transparencia, y cuando se le exige a los legisladores que hagan pública la forma en que gastan el presupuesto, lo toman como un ataque político.

Tres nudos. Durante el impulso a los parlamentos abiertos, Bohórquez ha detectado tres “nudos” en los que se concentra la opacidad de los poderes legislativos. El primero responde a que los Congresos pocas veces dan a conocer su programa anual de adquisiciones: si no se publica, no sabes qué se compra, indica.

Un segundo obstáculo es la asignación de prerrogativas discrecionales a la bancada y dentro de ellas a legisladores, la cual se usa como instrumento de control de las juntas de Coordinación Política. El tercero es que en lo general los congresos son “malos compradores” y sus adquisiciones las hacen en la opacidad y sin “racionalidad administrativa” que evite el dispendio.