La 4T presentó su "plan nacional" para dar respuesta a la crisis por personas desaparecidas. En realidad se presentaron once líneas operativas. Alejandro Encinas, encargado de anunciarlas, afirmó que en el sexenio pasado se dieron importantes avances legales en materia de desaparición forzada de personas, pero señaló que la implementación de tal marco legal fue una simulación. El subsecretario, con tal afirmación, se puso así mismo una vara de medición.
Es necesario que la 4T entregue un plan nacional para atender lo que asumen como una emergencia nacional. Que presenten un diagnóstico sustentado, con una comprensión amplía de la desaparición como problema social, las consecuencias a mediano y largo plazo. Un plan que garantice la participación efectiva de los familiares de las víctimas y el reconocimiento de sus derechos. Es necesario un plan no veintiocho diapositivas de PowerPoint que lo simulen.
Encinas afirmó que se pretende hacer efectiva la capacidad de respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, por lo que la escueta presentación deja ver, no parece haber cambios en el paradigma burocrático desde donde se hace la atención a las víctimas. Parece no incluir una atención integral que atienda los problemas de salud que se agravan o aparecen en los familiares que buscan a una persona desaparecida. En México se empiezan a multiplicar los casos de personas que mueren por dicha causa.
Al anunciar la asistencia técnica internacional se omitió señalar que el Estado mexicano reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU. Extraña omisión ya que ha sido una de las demandas que la sociedad civil y desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México han solicitado. Fue hasta que en la ronda de preguntas, la periodista Marcela Turati demandó que se precisara. Es necesario que no se simule, en necesario que se haga un anuncio oficial de que el Estado mexicano reconoce las competencias del CED.
Al ser cuestionado por cómo se van a realizar las tareas de prevención, a partir del hecho de que las fuerzas del Estado son señaladas por su participación de distintas formas de desaparición de personas, la respuesta fue que la estrategia será cumplir con las instrucciones del presidente. Es decir, si López Obrador lo dice, así será. No se ofrecen garantías institucionales, tampoco un mecanismo innovador de observación de los derechos humanos. Se ofrece la palabra del presidente quizá con buena intención, pero no basta para atender el problema.
El subsecretario comentó que para ellos no hay víctimas de primera y de segunda, que no hay distinción entre unos organismos de la sociedad civil y otros. Sin embargo, no explicó cómo se garantizará el mismo nivel y calidad de interlocución con todos los centros de derechos humanos del país, por ejemplo, o por qué unas víctimas sí tienen acceso a una comisión de la verdad y otras no.
Del "ya me cansé" a "la última y nos vamos". Encinas utilizó una frase coloquial para avisar que atendería solo una pregunta más. Sin duda estamos en un estadio completamente diferente en la manera en que el gobierno asume y enfrenta lo relacionado con las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, es necesario que se sensibilicen los hoy funcionarios públicos en el respeto a la tragedia humana que está detrás. No se han cumplido cien días, hay tiempo para elaborar un plan nacional que ofrezca respuestas estructurales en materia de desaparición forzada.
Twitter: @davidsecular