La política del actual gobierno nos ofrece, mañana tarde y noche, dulces envenenados. El oficialismo celebra el celofán con que envuelve sus decisiones, pero se desentiende de las sustancias tóxicas que oculta bajo el caramelo.
Se celebra, por ejemplo, que se ha aumentado el catálogo de delitos graves. Qué gran cambio, festeja el presidente. Hemos terminado con la permisividad neoliberal que trivializaba el horror de la corrupción, del fraude, del feminicidio. Hemos cambiado la ley para considerarlos delitos graves. Lo que no dice el presidente es que la palabra "grave" no designa, como en el lenguaje común, la dimensión de la ofensa sino el tratamiento procesal del acusado. ¿En algo ayuda esta reforma para combatir la impunidad? En nada. Absolutamente en nada. Lo reconoce incluso la el dictamen de la Cámara de Senadores: lo que aprobaremos "no resuelve per se el problema de inseguridad ni es en sí una medida dilatoria (sic) de la comisión de delitos". Aún reconociendo la inutilidad de la medida, la aprobaron. Y no es una mera frivolidad. Siendo inequívocamente ineficaz es una reforma nociva. La reforma dará nuevos permisos para atropellar la presunción de inocencia. Y favorecerá la criminalización de la pobreza. Así lo ha advertido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero, al parecer, no importan las consecuencias de las reformas. Importa su envoltura. Que puedan venderse, por supuesto, como un clavo más sobre el ataúd del neoliberalismo.
Propone la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados una iniciativa para reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. ¡Todos a festejar! Finalmente, alguien se decide a quitarle el dinero a las entidades más abominables. ¿Quién podría oponerse a tan magnífica propuesta? La iniciativa tiene apariencia benefactora, pero sería un golpe severísimo, tal vez mortal, al ya agónico sistema de partidos. Con los resultados de la elección reciente, el partido del gobierno sería el único beneficiario de la medida. José Woldenberg ha hecho el cálculo de lo que significaría la aprobación de esta propuesta: Morena aumentaría en un 89% sus recursos, mientras que las oposiciones más importantes perderían entre 50 y 60% de sus ingresos. Si el financiamiento público ha de prevalecer, es importante que aliente razonablemente la equidad. El pluripartidismo no es gratis. Los ahorros que nos quieren vender como medida admirable son, en realidad, un tiro de gracia. ¿De veras queremos vivir sin el fastidio de la pluralidad?
Lo más grave, sin duda, es la reforma constitucional que está en el aire. Se nos ofrece como un paso democrático: poder quitar, mediante el voto a un presidente impopular. El arreglo institucional de la revocación es extraordinariamente delicado. De él depende, no solamente la estabilidad de los gobiernos futuros, sino también su capacidad para poner en marcha reformas y su corpulencia para resistir los embates de los adversarios. Alterar el periodo fijo de gobierno modifica sustancialmente los equilibrios tradicionales del presidencialismo. No digo que ese esquema deba permanecer inalterado. Simplemente advierto que, para modificarlo, hay que examinar cuidadosamente las alternativas. Sin embargo, en la conducta de los diputados se han impuesto tres vicios graves y preocupantes. Por una parte, el sometimiento irreflexivo al deseo presidencial. Si el presidente lo quiere, nosotros se lo daremos. Se trata de una sumisión que, además, actúa como si estuviéramos ante una urgencia. Reformas de ese calado no pueden definirse con prisa. Pero los morenistas en la Cámara de Diputados no quieren perder el tiempo en argumentos. Finalmente, los oficialistas legislan como si su condición fuera perpetua. Legislan para López Obrador y para el presente. Quieren abrir un camino para lo inmediato sin detenerse a considerar lo que puede venir. Olvidan la norma elemental de la prudencia institucional: las reglas que diseñas deben servir para contener a tu peor enemigo. La rueda de la fortuna pondrá en tu sitio a quienes más temes. Al diseñar instituciones hay que imaginarse con la responsabilidad del poder y también en la condición de minoría. La actuación del partido gobernante refleja la convicción contraria: hay que legislar para el instante y para el jefe. Después de Amlo, el diluvio.